El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que la cúpula de la Iglesia Católica y los delegados de la Unión Europea deberían explicar al país su participación en las reuniones privadas que analizaron el “Plan A” y el “Plan B” que derivó en la implantación de un golpe de Estado en 2019, en la autoproclamación de Jeanine Áñez y en la violación de Derechos Humanos.

La autoridad, entrevistada este lunes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, ratificó el contenido del informe denominado “Comunicación conjunta de los procedimientos especiales. Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”.

“El informe obedece a un requerimiento que se ha realizado por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La Procuraduría ha cumplido con la presentación de este informe”, dijo la autoridad.

Esta respuesta estatal tiene una contextualización de lo ocurrido en 2019, incluye el desconocimiento de resultados electorales, los comicios, la jornada de votación, la integridad sobre el informe de la OEA, el golpe de Estado, la violación a los Derechos Humanos en el país, la asunción “absolutamente inconstitucional de Jeanine Áñez a la Presidencia de facto, rompiendo todos los procedimientos”, agregó la autoridad, quien dijo que también se añadió reportes sobre las masacres de Senkata, Sacaba y otras ocurridas en 2019.

El informe estatal detalla con precisión quiénes participaron en el golpe de Estado y cómo se gestó esa actividad con la participación de actores nacionales y extranjeros, dijo el Procurador.

“Con relación a la participación de otros actores, está la Iglesia Católica, están algunos delegados internacionales que efectivamente deben dar en algún momento cuenta de su participación en esto. Es decir que lo que han forzado es un golpe de Estado, ha existido un golpe de Estado de hecho, han querido tomar el poder, han estado un par de días en negociaciones, han estado en gestiones para imponer un gobierno con un Plan A y con un Plan B”, manifestó.

Explicó que, en esa reunión, la “cúpula de la Iglesia Católica que ha participado efectivamente en las sesiones en las cuales se decidía poco más quién iba a ser presidente sucesor de Evo Morales, cuando la Constitución ordenaba que debería suceder en el cargo luego de considerarse las renuncias”.

El informe de la Procuraduría indica que entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, ante las renuncias del entonces Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado, “se convocó a una reunión a realizarse en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana cuyos asistentes fueron: Jorge Tuto Quiroga; Teresa Morales; la entonces diputada del MAS, Susana Rivero y la Iglesia Católica. Esta última fue la facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea y la Embajada de España, representados por el obispo Eugenio Scarpellini, León de la Torre y Carmelo Angulo”.

“De la reunión, también participaron la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, el entonces Senador Oscar Ortiz, el exdefensor del Pueblo y representante del CONADE, Rolando Villena (fallecido el pasado 23 de enero).  Se sumaron Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Luis Vásquez Villamor, Giovanna Jordán, Juan Carlos Núñez y Jerjes Justiniano”.

El Procurador dijo que no se claudicará en buscar justicia para las víctimas del golpe de Estado y se buscará la verdad “le duela a quien le duela”.

Dijo que el informe busca la verdad de lo ocurrido y que los responsables del golpe de Estado tengan la sanción respectiva.