El informe que la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre los sucesos poselectorales de 2019 señala que el exvicepresidente Álvaro García Linera fue “forzado” a presentar su renuncia, situación que  “no sucedió”. En ese documento también se indica que no “existe registro alguno” de las renuncias de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente.

A fines de abril, la Procuraduría difundió el informe “Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, el mismo que fue remitido  a la Oacnudh, después de que  esa  oficina  requiriera información  el 23 de septiembre de 2020, cuando Jeanine Añez era presidenta.

En ese documento  se señala que luego  de la renuncia de Morales “se debió abrir la sucesión constitucional (…),  siendo el primero el ahora exvicepresidente Álvaro García Linera,   quien también fue forzado a presentar su renuncia, situación que no sucedió debido a que no se instaló el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

No obstante, la tarde del  10 de noviembre de 2019, el canal estatal Bolivia Tv transmitió la dimisión  de Morales y también la de García Linera.

Después de que Morales informara su dimisión, García Linera tomó el micrófono y dijo: “Yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (…). Hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo”.

La Procuraduría en su informe señala también que los siguientes en la sucesión debieron ser la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y Víctor Borda, quien en esa época era presidente de Diputados. “Empero -se lee en el documento-, pese a que fueron presionados y hostigados, no existe registro alguno de haber presentado su renuncia”.

No obstante, en otro punto del informe se indica  que “quienes promovían el golpe de Estado (…) ejercieron presión y hostigamiento a quienes estaban en la línea de sucesión para que renuncien”. 

Dos horas después de hacerse pública la renuncia de Morales y García, Salvatierra informó sobre su dimisión a medios televisivos. “He trabajado todo este tiempo en el MAS en este proceso de cambio con el liderazgo que tiene el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, ellos son nuestros líderes y acompaño esta decisión renunciando a la presidencia de la Cámara de Senadores”, declaró entonces  a Unitel.

En enero de 2020, Salvatierra sostuvo que su renuncia no fue por  motivos personales, sino políticos,   y que su dimisión fue coordinada con los exmandatarios del MAS.

Antes de Salvatierra, el mismo 10 de noviembre de 2019, después del mediodía, Borda informó sobre su renuncia al cargo como presidente de la Cámara Baja. “Quiero comunicar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Cámara de Diputados (...). Ha sido tomado de rehén mi hermano”, afirmó entonces. 

Según la Constitución Política del Estado (CPE), la Procuraduría tiene la misión de promover, defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y la ley.

El 15 de abril, la Procuraduría informó que enfrenta cinco  demandas de arbitraje internacional por la  nacionalización de minas y afectación de los contratos de las AFP,  entre otros. Sin embargo, ahora esa entidad está concentrada en apuntalar la retórica de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado”.

La Constitución Política del Estado y la Ley 064 establecen que el Procurador General del Estado es designado por el Presidente  y que su mandato dura seis años. Sin embargo, la Asamblea Legislativa puede objetar la  designación por dos tercios de votos si es que la persona no cumple los requisitos exigidos por la ley.
 

Puntos del informe de la   Procuraduría General del Estado 

• Conclusión     El informe de la    Procuraduría General del Estado (PGE) concluye lo siguiente:  “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado”.  
• TREP   El reporte  de la Procuraduría sostiene que el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) emitía datos no oficiales ni vinculantes pero su paralización generó dudas y molestia.
• Plan  “El golpe de Estado fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos a la cabeza de Fernando Camacho, por policías, militares y la Iglesia Católica”, se lee en el documento. 
• “Ilegales”   El informe indica que los cabildos convocados y organizados por sectores privados eran supuestamente totalmente ilegales, puesto que no cumplieron  con el procedimiento de la Ley 026 de Régimen Electoral.
• Quema   La Procuraduría indica que los comités cívicos supuestamente se arrogaron la representación de los departamentos y denunciaron un presunto fraude y quemaron los tribunales electorales departamentales.
• Pedido   En el informe se indica que el 10 de noviembre de 2019, la Policía, las Fuerzas Armadas y la Central Obrera Boliviana pidieron públicamente la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
• Objetivo   La PGE señala que el motín de la Policía tenía presuntamente dos motivos: presionar para que Evo Morales renuncie e impedir la sucesión constitucional.