Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 09 de mayo de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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La Procuraduría General del Estado presentó a la Oficina de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un reporte sobre el “desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”. En el reporte ratificó la “narrativa” del golpe de Estado para explicar las responsabilidades del Estado en la crisis política de 2019.
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La Procuraduría General del Estado presentó a la Oficina de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un reporte sobre el “desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”. En el reporte ratificó la “narrativa” del golpe de Estado para explicar las responsabilidades del Estado en la crisis política de 2019.
El documento, divulgado ayer, fue remitido a Ginebra a
finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020, durante el
gobierno de Jeanine Áñez.
De hecho, el Alto Comisionado ya divulgó un reporte con la
información que recogió una misión especial que estuvo en el país, sin los
descargos del gobierno anterior, según señala el documento de la Procuraduría
en sus párrafos siete, ocho y nueve.
“A raíz de los conflictos post electorales del 2019, Bolivia
sufrió la ruptura del orden constitucional, como consecuencia de un golpe de
Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales,
quienes ejecutando violencia extrema vulneraron los derechos humanos de la
población”, señala la principal conclusión del informe.
La conclusión guarda relevancia con el párrafo 33 de este
reporte oficial. El apartado presenta “puntualizaciones que permiten asegurar
que el golpe de Estado en Bolivia fue organizado, planificado y ejecutado por
los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías militares
y la Iglesia católica”.
La Iglesia católica, junto a la Unión Europea y una
representación especial del secretario general de la ONU propiciaron en 2019
una mesa de diálogo para pacificar el país.
El procurador general, Wilfredo Chávez, explicó el 30 de
abril que el informe enviado a Bachelet contiene pruebas sobre la ruptura
constitucional de 2019 y pidió a los líderes políticos aportar en el
esclarecimiento de esos hechos. “Digan la verdad; nosotros estamos demostrando
con documentos, con papeles y precedentes constitucionales”, remarcó.
En marzo, tras cumplir una visita oficial a México, el
presidente Luis Arce había anunciado el inicio de una campaña internacional
para exponer los hechos, desde su punto de vista, sobre la crisis política que
afectó a Bolivia en 2019.
El anuncio de Arce tuvo lugar el 26 de marzo, 10 días
después de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, quien fue acusada por
sedición, conspiración y terrorismo, delitos que pudo cometer cuando asumió el
mando del país en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales y en medio
de un vacío de poder.
De hecho, el informe de la Procuraduría da cuenta de “un
juicio ordinario” contra Áñez y todo su gabinete, aunque sin detalles respecto
al estado de estas investigaciones. La expresidenta está presa y se ha omitido
el caso de corte en su caso.
“El gobierno de Luis Arce Catacora asumió el compromiso de
investigar las vulneraciones de derechos humanos”, señala el reporte de la
Procuraduría que, además, señala —en atención al pedido de la ONU— que hay “las
coordinaciones” para una “reparación” a las víctimas de las “masacres de
Senkata y Sacaba”.
El expresidente Carlos Mesa, quien fue candidato a las
elecciones de 2019, afirmó ayer que el gobierno del Movimiento Al Socialismo
(MAS) “sólo produjo persecución política, violación de los Derechos Humanos,
ineficiencia, impunidad, cuoteo y poca transparencia”, al plantear una
evaluación por los primeros seis meses de Arce en el poder.
