Sin buscar terminar la discusión sobre los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, es necesario mencionar que éstos están entramados en diferentes contradicciones y cada una de ellas debe ser analizada en su contexto amplio y específico. Hasta cierto momento, octubre y noviembre de 2019 responden a la correlación de las fuerzas movilizadas del momento y al desgaste del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se enmarcan en el cumplimiento de la voluntad expresada el 21F (Evo Morales no podía repostularse a un cuarto mandato), logra además la anulación de las elecciones de 2019 y la posibilidad de nuevas elecciones; hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, los hechos se complicarán con lo que pasará después.

El triunfo autodeterminativo del 21F, como la búsqueda del respeto a la institucionalidad democrática en Bolivia, albergaba en su seno el germen de su propio fracaso y contaminación: cuando las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Evo Morales (deliberando así en asuntos políticos), la forma en que los principales actores políticos de la oposición, Tuto, Mesa y Camacho llevan adelante la transición del poder (este último incluso habló de una junta de gobierno de transición al margen de la Asamblea Legislativa); todo esto llevará a que la asunción de Jeanine Áñez no siga el procedimiento establecido en la Constitución, lo que permite que el comandante de las Fuerzas Armadas le ponga la medalla presidencial y que posteriormente haya las terribles masacres de Senkata y Sacaba, para asegurar la vigencia del gobierno transitorio.

Es en ese contexto de corresponbilidad entre la oposición y la cúpula del MAS que se realiza la transición del poder, que posteriormente será avalado por la Asamblea Legislativa con la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales 2020, lo que implica la conformación de un nuevo Órgano Electoral para llevar adelante la convocatoria para las nuevas elecciones generales.

El gobierno de Áñez no será muy distinto al gobierno de Morales, al vulnerar los derechos políticos de los disidentes, al instrumentalizar la Justicia a su favor, al incumplir su palabra al entrar en la carrera electoral; por los hechos de corrupción lamentables (como los casos de Entel, YPFB, respiradores, etc.). Lo peor: llevará adelante una de las peores gestiones de gobierno, preparando así el mejor terreno para el retorno del MAS al poder en las elecciones de octubre de 2020. En tal caso, tanto el gobierno de Morales como el de Áñez y sus ministros deben ser procesados e investigados: en el caso de Áñez, por los hechos de Senkata y Sacaba y los múltiples hechos de corrupción en su gestión.

Sin embargo, con la aprehensión de Jeanine Áñez y sus ministros, el Gobierno central (los sectores sociales afines al MAS) y la oposición (Mesa, Camacho, comités cívicos, etc.) empiezan a activar dos relatos políticos contradictorios para el país: el relato del “golpe de Estado” a secas y el relato del “fraude electoral” a secas, politizando al máximo los acontecimientos de octubre y noviembre y envolviéndolos en una trama de significaciones.

Lo peligroso de estos dos relatos, por parte de los actores más radicales de ambos lados, es el intento de reducir todo lo que pasó antes y después de los acontecimientos de octubre y noviembre a una sola lectura, e intentan llevar al país a un escenario de polarización social muy peligroso y que podría desatar los demonios escondidos de octubre y noviembre de 2019.

Por un lado, la narrativa del “golpe de Estado” a secas intenta mostrar las acciones de Evo Morales como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades cometidas por el MAS, el irrespeto al 21F y las anomalías en el proceso electoral de 2019. Por otro lado, la narrativa del “fraude electoral” a secas intenta mostrar las acciones de la oposición política como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades en la asunción del gobierno de Áñez, las masacres de Senkata y Sacaba y los hechos de corrupción cometidos en su gestión. Ambos relatos a secas son un problema, porque simplifican, hacen maniqueo el análisis y se alejan de la discusión sobre la integralidad del hecho.

El desafío para salir de esta discusión es el desmontaje de tales relatos excluyentes (golpe y fraude) que solo beneficia a la actual clase política (a posiciones autoritarias y conservadoras de ambos lados); entonces, existe la necesidad de una tercera narrativa (o más) que disputen (o en su caso concilien) la explicación de los hechos políticos de octubre y noviembre de 2019.