Tras la segunda vuelta de la elección del gobernador en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, finalmente está definida la distribución del poder regional: en tres gobernaciones (Oruro, Potosí y Cochabamba) el Ejecutivo departamental estará a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS), y en seis (La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz) en poder de las oposiciones regionales; aunque (como se hizo notar en este mismo espacio la anterior semana), otro es el escenario en las asambleas departamentales: en seis (Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Pando), el MAS es mayoría, y en tres (Tarija, Beni y Santa Cruz) hay un práctico empate entre el partido azul y las oposiciones, siendo el bloque indígena (cuyos asambleístas no son electos por voto universal, sino por usos y costumbres) el que determinará cuál sector mayoritario será el que predomine; de hecho, en estos días en la Asamblea cruceña el MAS le ganó de mano al oficialista Creemos, aliándose con los indígenas: de 28 asambleístas, ahora la mayoría la ostenta el bloque MAS-Indígenas, con 16 legisladores.

Ahora, a la complejidad política se añade la limitación económica, presupuestaria. Fue la Fundación Jubileo (¿En qué gastarán el dinero los gobiernos departamentales el 2021?, La Paz, 2021), la que en estos días advirtió acerca de la nueva caída del presupuesto de las gobernaciones en relación al anterior año. Se trata de una disminución del 13% de sus ingresos. El presupuesto asignado a los gobiernos departamentales (incluyendo el Gobierno Regional del Gran Chaco), detalla Jubileo, asciende a Bs 9.520 millones, de los cuales Bs 5.710 millones son efectivamente para la gestión departamental, mientras el saldo corresponde a gastos delegados. “Del total del Presupuesto 2021, Tarija tiene la mayor asignación de recursos, con aproximadamente 25% del total, seguido por Santa Cruz con 23%, La Paz con 11%, Potosí con 10%, Cochabamba y Chuquisaca cada uno con 9%; y los otros tres departamentos reciben, en conjunto, el restante 13% de la torta”, informa.

INVERSIÓN. Jubileo añade que en 2021 los proyectos de inversión aprobados en el presupuesto de las gobernaciones suman 579, “305 menos que el presupuesto 2020, lo que refleja una disminución significativa de la inversión departamental”. Por otro lado, la Fundación revela que “el destino de la inversión de las gobernaciones prioriza el sector Caminos, con 38% de su presupuesto; seguido del Agropecuario, con 23%”. La inversión en Electrificación se lleva 9%, 5% la gestión de Riesgos, entre otros. A Salud se destina solamente 4%.

Es el talón de Aquiles de los gobiernos departamentales: su alta dependencia del ingreso hidrocarburífero, minero y forestal del país, de lo que le transfiere el Gobierno central por dicho ingreso, ratifica el exviceministro de Presupuesto del Ministerio de Economía Jaime Durán (hoy diputado por el MAS): en 2021, las gobernaciones solo por transferencias obtendrán 3.941 millones de bolivianos, “esto es un 9% menos que los 4.340 millones de bolivianos que tenían presupuestado el 2020”, destaca.

Y no se trata solo de los precios internacionales del petróleo o del gas, que éstos suban o bajen, sino también de los volúmenes del hidrocarburo que el país pueda generar; nadie como las gobernaciones debe estar al pendiente de si se encuentran más yacimientos: “en relación a los volúmenes de producción, (las gobernaciones) están sujetas al programa de exploración, de inversiones, que está realizando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; una cuestión ajena a las gobernaciones”, apunta el diputado Durán.

Jubileo y el exviceministro coinciden en que 2014 fue el mejor año para las gobernaciones, cuando por transferencias llegaron a recibir 9.821 millones de bolivianos; de ahí a la fecha, sus ingresos (provenientes en lo fundamental de las regalías, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD) no han hecho otra cosa que caer: en siete años, entre 2014 y 2021 hay una reducción de entre 54% y 60%.

¿Cómo podrán llevar adelante la gestión los nuevos gobiernos departamentales dado este difícil escenario? Los involucrados en la gestión departamental coinciden: no queda otra que colaborar, “concurrir”, concertar con el Gobierno central y con los municipios, pero también hacia adentro, con las fuerzas opositoras en las asambleas departamentales.

Para el asambleísta departamental (saliente) Fabián Yaksic, la primera medida administrativa de los nuevos gobernadores será revisar el presupuesto, reformularlo no solo en vista de su programa, sino sobre todo por la baja del dinero que le transfiere el Gobierno central. Tendrán, dice, que priorizar los proyectos más importantes. Aquí, un hecho que revela el asambleísta es que uno de los males del presupuesto de las gobernaciones es que éste es muy “rígido”, “el 80% del presupuesto es de continuidad, que quiere decir que ya está comprometido”, para pasar de una gestión a otra; es el caso, por ejemplo, de la construcción de carreteras de magnitud, se las inscribe en el presupuesto para concluirlas en varias gestiones, y hasta dos o más gobernadores, por el “presupuesto anual insuficiente”, destaca. Pero, he aquí que aparece la importancia de “controlar” la Asamblea Legislativa del departamento: cualquier modificación del presupuesto debe contar con el acuerdo de la Asamblea: en serio se deberá llevar a la práctica aquello de “sacarse la camiseta política”. “La recomendación es que primero tienen que concertar sí o sí con sus asambleas”, insiste Yaksic.

CAMISETA. Si bien todos los candidatos, ganadores y perdedores, más bien como un eslogan, enfatizaron en que el 11 de abril (día de la segunda vuelta por gobernadores y cierre del actual ciclo electoral) “se acabaron los colores políticos”, para el buen curso de la gestión departamental, en verdad que es un imperativo dejar a un lado la camiseta política: para encarar grandes proyectos necesitarán concurrir, colaborar, tanto con los municipios como, y especialmente, con el Gobierno central.

Desde distinta perspectiva, lo plantean Durán y Yaksic.

Para el exviceministro, “más allá de afinidades o críticas, lo cierto es que las autoridades elegidas por la población son las autoridades que van a estar con nosotros estos cinco años; entonces, más allá de los colores políticos, lo que se tiene que hacer es un mecanismo de trabajo conjunto”, esto es más imperioso, insiste, en el actual “escenario de recursos escasos”.

Se trata de profundizar el cofinanciamiento entre Gobierno y gobernaciones: “El mecanismo de concurrencia, de cofinanciamiento, tiene que mejorarse”, producto de la colaboración entre Gobierno nacional y departamentales precisamente es, destaca Durán, la construcción de carreteras, el “hecho de que en 15 años hayamos construido más carreteras que en los últimos 50 años tiene que ver con que este mecanismo de cofinanciamiento ha funcionado”.

Para Durán, el espacio natural del desarrollo que deben promover las gobernaciones es el regional, por debajo de lo nacional, por encima de lo municipal. “Hay que dar un mayor peso a lo regional, para avanzar a la diversificación productiva”, y a esto deberían colaborar las bancadas parlamentarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dice: generar normas que faciliten dicho desarrollo regional diversificado.

Dadas las actuales condiciones de la economía de las gobernaciones, por su lado, Yaksic remarca en la necesidad de los proyectos concurrentes: “Yo recomendaría a los gobernadores que se pongan a pensar en serio en diseñar proyectos que le puedan interesar al Gobierno nacional y a los propios gobiernos municipales”, esencialmente los proyectos de desarrollo regional.

Ahora, reclama, se trata de una colaboración de doble vía: también el Gobierno nacional debería tener la voluntad de “desprenderse del centralismo” de los recursos, de interesarse en financiar proyectos concurrentes en las regiones.

Revivirá el “pacto fiscal”. Yaksic es categórico en señalar que para que dicho pacto tenga alguna viabilidad es imprescindible una “reingeniería de las fuentes de financiación de las autonomías”, una reforma entre técnica y política que, casi acusa el asambleísta, también tiene que alcanzar al Gobierno central: el pacto fiscal, como un sacrificio de todos los niveles.

PACTO. En algo que les compete también a los alcaldes, “se va a tener que abrir un nuevo proceso de negociación, abrir un nuevo diálogo, distinto, sobre un nuevo pacto fiscal, sobre los recursos fiscales”, acaso considerando “transferencias excepcionales” (fondos extraordinarios) para las entidades autónomas, plantea el asambleísta Yaksic; aunque —la experiencia enseña— no habría mucho que esperar del presidente Luis Arce Catacora, dice, que cuando era ministro de Economía nunca había demostrado voluntad para aumentar nada a las autonomías. (Entre los técnicos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia-FAM, durante los gobiernos de Evo Morales se bromeaba que al ministro Arce se le conocía como el “Doctor No”).

Y es que, para el asambleísta, el problema de la norma que hace imperativo el pacto fiscal es estructural: la actual forma de financiamiento de las autonomías es anacrónica, que ni la propia Asamblea Constituyennte ni las leyes de desarrollo de la Constitución pudieron resolver.

“Hay que hacer una reingeniería de la fuente de recursos con las que se financian las autonomías. El régimen económico y financiero vigente data de hace más de 30 años; lo que ha hecho la Ley Marco de Autonomías ha sido ratificar el régimen que está en la Ley de Participación Popular, que está en la Ley 843 (de Reforma Tributaria de mayo de 1986); toda la gama de impuestos y la modalidad de asignación de los mismos data de hace más de 30 años”.

Aquí el asambleísta plantea la reflexión: siendo tan volátil la principal fuente de recursos de las gobernaciones (la exportación de recursos naturales), por qué no se le puede dar el mismo tratamiento que a los municipios, que como principal fuente tiene a la coparticipación tributaria (que es el 20% de los ingresos nacionales, por renta y aduana, que cada año automáticamente va a los tesoros municipales). Mal que bien, insiste Yaksic, la coparticipación tributaria es una fuente más estable, segura, de recursos.

Ahora, como contraparte, para Durán no solo es el tema de que las gobernaciones mejoren su inversión, sino que las entidades ajusten su gasto corriente (el gasto para funcionamiento, principalmente el salario de los funcionarios). “Las burocracias que actualmente tienen las gobernaciones deberían ajustarse, priorizando los programas y proyectos de mayor importancia, con el fin de que se pueda aumentar la inversión pública y de esa manera se tenga mejores resultados”.

El exviceministro no deja de recordar como un problema recurrente de las gobernaciones los llamados “recursos en caja y bancos” ( fondos que no se pudieron gastar) que cada año se registran al final de la gestión. Según Durán, a fines de 2019 las gobernaciones tenían 1.805 millones de bolivianos en caja y bancos; a fines de 2020, 1.832 millones, y hasta abril de este año, 1.640 millones, más o menos 250 millones de dólares.

“Lo que ocurre es que tienen problemas de eficiencia en el gasto”, y eso en buena medida se debe, asegura el diputado, a que “los mecanismos de planificación que tienen las gobernaciones no se han perfeccionado”.

Especialmente para las gobernaciones, siempre fue un problema la generación de recursos propios. Al respecto, Durán ve como una fuente aún inexplorada a la “generación de empresas públicas departamentales y establecer el desarrollo de complejos productivos industriales”.

“Las gobernaciones tienen que constituirse en espacios de desarrollo productivo en virtud a que tienen un mayor alcance que los municipios; ahora, esto naturalmente implica (otra vez) una alta coordinación entre el nivel central y los departamentos y municipios”, destaca el diputado del MAS.

En cambio, para el asambleísta Yaksic, la implementación de empresas públicas departamentales es inviable, dado que las gobernaciones no cuentan con fuentes de financiamiento para sostenerlas, no tienen el “crédito fácil” del Banco Central con que cuenta el Gobierno nacional, asegura.

Acaso una salida financiera alternativa para las administraciones departamentales más bien sea, dice, ampliar su “dominio tributario”: “el camino definitivamente pasa por generar mejores condiciones para dominios tributarios autónomos (impuestos), que sean más importantes de lo que ahora les otorga la Ley de clasificación de impuestos”.