En el reporte sobre el “desarrollo de las protestas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”, que presentó el Gobierno a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, existen al menos siete omisiones y contradicciones sobre lo ocurrido.

La Procuraduría General del Estado envió el legajo documental a Ginebra a finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020 por el organismos internacional, durante el gobierno de Jeanine Áñez.

El primer hecho que no menciona el informe es la causa y quién ordenó la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que estaba usando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer los resultados.

“La jornada de las elecciones se desarrolló con total normalidad. A las 19:40 se paralizó el TREP, que era un sistema de conteo de resultados no oficiales ni vinculantes (…) esto generó malestar”, dice el párrafo 21 del informe.

Según las investigaciones que hizo el Ministerio Público, la exvocal del TSE Lucy Cruz ordenó la suspensión del sistema y el corte de energía del Serecí.

La segunda omisión que hace el informe es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) movilizó a sus aliados para contrarrestar las medidas de presión de los cívicos y ciudadanos que rechazaban el fraude electoral.

Otra de las contradicciones del Gobierno es que los entonces presidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, renunciaron a sus cargos bajo presión de los opositores. Borda dimitió tras informar que su hermano había sido secuestrado; mientras que Salvatierra reconoció el 20 de enero que su renuncia fue consensuada con la cúpula del MAS.