En el reporte sobre el "desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión, tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019", que presentó el Gobierno a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet existen al menos siete omisiones y contradicciones sobre lo ocurrido en el país.

La Procuraduría General del Estado se encargó de enviar el legajo documental a Ginebra a finales de abril para atender un requerimiento solicitado en 2020 por el organismos internacional, durante el gobierno de Jeanine Áñez.

El primer hecho que no menciona el informe es la causa y quién ordenó la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que estaba usando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer los resultados oficiales de la jornada de votación del 20 de octubre.

"La jornada de las elecciones se desarrollaron con total normalidad. A las 19.40 se paralizó el sistema del TREP que era un sistema de conteo de resultados no oficiales ni vinculantes (...) esto generó malestar, no obstante días previos el TSE dijo que el sistema arrojaría datos al 80% hasta las 20.00, no obstante llegó al 83%", dice el párrafo 21 del informe.

Según las investigaciones que hizo el Ministerio Público, la exvocal del TSE y delegada presidencial, Lucy Cruz ordenó la suspensión del sistema y el corte de energía del edificio principal del Servicio de Registro Cívico (Serecí) donde se encontraba el servidor que recibía la información.

La segunda omisión que hace el informe, es que el MAS movilizó a sus aliados para contrarrestar las medidas de presión de los cívicos y ciudadanos que rechazaban el fraude electoral.

Incluso, los trabajadores mineros y ponchos rojos cercaron plaza Murillo para evitar que los manifestantes intenten ingresar. Estos estaban resguardados por los policías que usaron agentes químicos de forma abusiva para dispersar a los movilizados.

El 31 de octubre, durante un enfrentamiento en Montero se registró el deceso de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas miembros del Comité Cívico de esa región. Ambos fallecieron por impacto a de arma de fuego.

El 10 de noviembre, una caravana de personas que se trasladaban desde Oruro y Potosí hacia La Paz para reforzar las movilizaciones, fueron emboscados por partidarios del MAS en la carretera a Oruro a la altura de Vila Vila. De este hecho varios resultaron heridos.

Otra de las contradicciones que incurre el Gobierno, es que la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra y de Diputados, Víctor Borda renunciaron a sus cargos bajo presión de los opositores. Borda dimitió tras informar que su hermano había sido secuestrado; mientras que Salvatierra reconoció el 20 de enero que su renuncia fue consensuada con la cúpula del MAS.

"Mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera".

Además afirman que Milton Barón era primer vicepresidente del Senado y que también fue obligado a renunciar; sin embargo, cabe recordar que ese cargo era ocupado por Rubén Medinaceli que dimitió a su curul.

A la vez asegura que un grupo de policías ingresó a la fuerza a Palacio de Gobierno y quemaron la wiphala. El 12 de noviembre circularon fotografías y vídeos de ciudadanos quemando la wiphala como repudio MAS, además un grupo de policías que no fueron identificados, quitaron ese símbolo de sus uniformes.

Cómplices

Por otra parte, el documento señala que todos los acontecimientos que se produjeron en el país "permiten asegurar que el golpe de Estado en Bolivia fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías militares y la Iglesia Católica".

La Iglesia católica, junto a la Unión Europea propiciaron en 2019 una mesa de diálogo para pacificar el país; instancia de la que participaron Salvatierra, la exdiputada Susana Rivero y Teresa Morales.

El expresidente Evo Morales, en una entrevista en Kawsachun Coca, acusó a la Unión Europea de participar del supuesto golpe de estado y defender a aquellos que propiciaron la interrupción de su mandato.