Las nuevas autoridades departamentales y municipales no sólo han pedido trabajar en forma conjunta con el órgano ejecutivo nacional, sino además le han ofrecido al presidente Luis Arce que si quiere inaugurar una obra y ponerle color azul, todos encantados. La respuesta no se hizo esperar, pues el vocero presidencial ha manifestado que el gobierno nacional coordinará con las flamantes autoridades denominadas subnacionales.

La respuesta del gobierno nacional es positiva, desde todo punto de vista, máxime cuando el propio presidente Luis Arce amenazó con bloquear la vacunación (y por supuesto cualquier otra iniciativa menor), a las regiones que rechacen (en las urnas) a los candidatos azules. Y para demostrar que estas “amenazas” fueron al calor de la campaña, el presidente debe comenzar convocando a una reunión nacional (vía zoon) a todas las nuevas autoridades para un saludo protocolar y buscar coordinar las grandes tareas pendientes y que cada uno asuma su cuota parte de responsabilidad.

Todas las autoridades tienen un compromiso irrevocable con la ciudadanía y salvo pequeños detalles, reflejan y comparten exactamente las mismas preocupaciones y prioridades que tiene el gobierno nacional: Resolver la crisis sanitaria y la urgencia de combatir al enemigo invisible (el coronavirus); la reactivación económica y promover incentivos al sector privado, lucha frontal contra la corrupción, reforma judicial, optimización de los servicios básicos, el censo de población y vivienda, el pacto fiscal, fortalecer la autonomía, creación sistemático de empleos, infraestructura vial o carreteras, seguridad ciudadana y jurídica, entre otros.

Lo que las autoridades departamentales y municipales demandan, no es otra cosa que un mínimo de coordinación político-administrativa, algo tan básico y necesario para la buena marcha del Estado. La regla de oro debe ser que entre ambas autoridades existan unos vasos comunicantes, que permitan buscar en forma conjunta cómo resolver los grandes problemas nacionales y regionales. Todas las autoridades se han comprometido a trabajar a tiempo completo y han jurado defender la Constitución y las leyes, y corresponde que asuman sus responsabilidades y obligaciones.

La Constitución establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral y esta organización está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; además, las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables (art. 12). La autonomía busca democratizar el sistema político, haciéndolo más participativo y brindando a las regiones la posibilidad de autogobernarse en todo el sentido de la palabra.

El Estado reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutivas, legislativas, reglamentarias y fiscalizadoras. Todas las autoridades son elegidas democráticamente y, por tanto, tienen la misma legitimidad y autoridad a nivel nacional, departamental y municipal. Y como todas las autoridades se han comprometido a trabajar por el pueblo boliviano, nada mejor que hacerlo en forma conjunta, y dentro de las competencias consagradas legal y constitucionalmente.

La complejidad que supone la administración del Estado y la urgencia de abordar y resolver problemas estructurales, necesita que el trabajo sea en equipo. En realidad las autoridades subnacionales necesitan del presidente Luis Arce y éste de todas las otras autoridades, de modo que todos se necesitan y nada mejor que aprovechar el inicio de la gestión para rayar la cancha. La Constitución, como instrumento de gobierno, establece los procedimientos, vías, caminos, y medios, que permitan asegurar un ejercicio controlado del poder para garantizar la libertad y la dignidad de las personas.

Con la coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades subnacionales, se busca no sólo un acercamiento entre los distintos niveles gubernamentales, sino también concertar una agenda básica y común que allane los graves problemas nacionales en forma conjunta. El pueblo exige a sus autoridades una convivencia pacífica y que termine la confrontación, la persecución política, la discriminación y el abuso de poder.