Mañana se cumple medio año desde que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) elegido en octubre de 2020 asumió las riendas del Estado, y como lo constatamos hace tres meses en este mismo espacio, cuando se cumplían los primeros 100 días de la presidencia de Luis Arce, sus acciones se alejan de las expectativas que parecían posibles acerca de una gestión cuyo desempeño tendría que estar a la altura de las crisis circunstancias que vivimos en todos los aspectos.

Esas expectativas de un Gobierno abierto al diálogo con la sociedad civil, abocado a la gestión eficiente del Estado y del que se esperaban políticas serias para la reactivación económica, la lucha eficaz contra el avance de la pandemia y la adecuación del sistema educativo a las contingencias sanitarias, se están frustrando.

Es cierto que la irrupción de la segunda ola de la pandemia, en diciembre, y ahora la tercera, la lenta recuperación del aparato productivo y de los ingresos del Estado dificultan la gestión del Gobierno. Pero es también evidente que la posibilidad de superar esas dificultades se aleja debido a la actitud del Ejecutivo.

Desde noviembre de 2020 hasta hoy, la imagen del Presidente pasó del discreto y sobrio perfil de sus inicios, a la del político en campaña, electoral antes de las subnacionales y ahora ideológica, que no pierde ocasión para atribuir todos los males al Gobierno de transición, se empeña en ahondar las diferencias entre los bolivianos y no muestra la necesaria actitud incluyente que facilitaría el logro de soluciones para las crisis que atravesamos.

“Hoy mismo padecemos los efectos de una actitud gubernamental excluyente y sin voluntad manifiesta de diálogo, consenso y búsqueda conjunta de soluciones; una forma de entender la política que opta por la dicotomía y la contradicción entre sectores de la sociedad, como principio de acción”, señalaba ayer el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, al inaugurar el congreso de ese sector.

Un ejemplo de los cambios que podrían producirse con una actitud incluyente del Gobierno es la campaña de vacunación contra la Covid-19, cuya ineficiencia y lentitud pudo superarse con la participación de universidades. Los empresarios quieren apoyar en “la aceleración y optimización del proceso de vacunación a toda la población”.

Y están determinados a “realizar las gestiones necesarias ante (todos) los Gobiernos departamentales y municipales para promover el modelo de alianzas público-privadas, como un mecanismo eficiente e idóneo para dinamizar la economía, generar empleo digno y prosperidad para todos los bolivianos”.

Es muy probable que esa determinación encuentre respuestas positivas en los nuevos gobiernos departamentales y municipales. Ojalá también inspire una apertura en el gobierno central.