Las declaraciones juradas de algunas autoridades  ejecutivas del ámbito subnacional, que asumieron el mando esta semana,  registran “cero patrimonio”. Hay casos en los que se ve que declararon no tener activos, deudas, ni rentas. Políticos y expertos consideran “extraño” y “poco creíble” aquello y se observa que las declaraciones parecen un “dibujo libre”  y ante ello   se recomienda cruzar la información. 

El jueves, Página Siete publicó los datos de patrimonio que los nueve gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, más El Alto, declararon  ante la  Contraloría General del Estado. Hay más de un caso en el que se vislumbra que la autoridad registró   que sus bienes (activos) y deuda (pasivos), más su renta, están en cero.

Entre ellos están el gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien hasta antes de las elecciones era funcionario del Sedes de La Paz; el gobernador de Tarija, Óscar Montes, quien declaró  seis bienes pero sus activos están en cero, así como sus deudas y su renta. Montes fue alcalde de Tarija por tres gestiones consecutivas (2000 – 2015). 

También está el caso de la  alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien  declaró que sus bienes activos están en cero,  así como el total de sus pasivos y solo tiene deudas. Copa fue senadora nacional por seis años consecutivos (2015-2021) con un sueldo mensual de más de 20.000 bolivianos. 

El exasambleísta departamental Edwin Herrera indicó a este rotativo  que “lo que están haciendo las autoridades es dibujo libre con las declaraciones juradas de rentas y bienes”.

El político aseguró que hay autoridades que están declarando “lo que  les conviene”.

La exdelegada de la Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción  Lupe Cajías  dijo a este medio  que “es extraño” que personas que trabajaron los últimos meses en algún cargo público declaren ahora al Estado que no tienen nada. Explicó   que no solo los inmuebles o vehículos son considerados bienes, sino, por ejemplo, computadoras, joyas y acciones, entre otros.

“Llama la atención que existan personas que desde el año pasado declaran cero, cero, cero, porque la existencia de bienes hace referencia también a otro tipo de bienes, acciones, joyas, computadoras, es decir, bienes que una persona tiene, no sólo de bienes raíces y eso es tanto dentro como fuera del país”, afirmó Cajías.

El analista político Carlos Cordero sostuvo  que resulta “poco creíble” que las autoridades elegidas  no tengan bienes, ahorros ni deudas y no perciban rentas. 

“Estos líderes políticos que van a ocupar altos cargos en la administración pública parece que estuvieran cuidándose las espaldas si más adelante hubiera algún tipo de proceso judicial por el cual congelan sus bienes y todo su patrimonio y como no tienen nada, la justicia no puede obrar ante posibles denuncias de corrupción”, expresó  Cordero.

Cajías y Herrera coinciden en que el Estado debería aplicar un sistema de verificación de datos y cruce de información entre la Contraloría, las entidades financieras privadas y públicas e instancias estatales, como la oficina de Derechos Reales. Esto para cotejar si los datos de la declaración jurada coinciden con los informes de las entidades involucradas.

El exdiputado Gonzalo Barrientos calificó como una “total falta de respeto a la población” y  el  haya autoridades que  presenten  una declaración y  aseguren  que no tienen nada. Citó como ejemplo el caso del gobernador Santos Quispe.

“Es algo que no solo genera susceptibilidad y no se lo cree. No sé si habrá estado viviendo del aire o de qué, pero mínimamente ha tenido una actividad, más aún cuando ha trabajado en instituciones públicas. Nos parece que se está yendo a extremos y lo peor es que esto genera que no haya credibilidad a la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, manifestó Barrientos a este rotativo.

El analista Paúl Coca afirmó que el mecanismo para corroborar si los datos de una declaración jurada son reales es a través de un “requerimiento fiscal u orden judicial dentro de un proceso formal instaurado por actos de corrupción”, tal como cita el artículo 19 del decreto reglamentario 1233. 

“Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional  puede efectuar la verificación de oficio de las declaraciones juradas”, agregó.

Según el artículo 33 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, el funcionario que emita datos falsos en su declaración jurada “incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días”.
 

Punto de vista 
Lupe Cajías  Periodista  
 “Bolivia fue  un ejemplo”

Es importante tomar en cuenta el marco legal que tiene relación con la declaración de bienes y rentas. Es un marco legal tanto internacional como nacional vigente casi dos décadas y que está relacionado con la Convención Interamericana Contra la Corrupción de las Naciones Unidas.

La declaración se constituía como una forma de prevención de la corrupción de todo servidor público, desde el portero de la escuela hasta el Presidente de la República. Este era el consejo general y los diferentes países tenían que adecuar el formulario y las características a su propia normativa.

Bolivia fue un ejemplo en ello -tanto en el gobierno de Jorge Quiroga como el de Sánchez de Lozada- de que se podía publicar un resumen de la declaración de sus bienes y rentas en sus tres últimos acápites que es un resumen de las propiedades que se tienen, de las deudas y de los ingresos que uno ha tenido por lo menos en el último año.

Es muy extraño que personas que han trabajado además en la administración pública hasta hace pocos meses, como Santos Quispe o Eva Copa, declaren cero, cero, cero. Creo que es importante que existan cruces de información con otras instancias como se aconsejó en su momento en la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Es también importante ver si la Contraloría está dando las instrucciones suficientes y correctas para que los funcionarios públicos, sobre todo los nuevos,  sepan cómo se hace el llenado de este formulario porque cualquier equivocación puede ser sujeta a problemas legales.