El 7 de marzo Bolivia llegó a su undécima elección para alcaldes y concejales municipales y la cuarta para autoridades departamentales. En el caso de las autoridades regionales, la primera fue en 2005 sólo para los entonces denominados Prefectos (hoy Gobernadores) bajo la anterior Constitución y ya en 2010, 2015 y 2021 para Gobernadores y Asambleas Departamentales (además de corregidores, subgobernadores y el Gobierno regional del Chaco); para los alcaldes y sus concejos municipales recién en 1985 hubo la primera elección popular —antes eran designados por quien fuera el Primer Ciudadano—, que continuó bianual hasta la de 1995 cuando los elegidos lo fueron por cuatro años para la siguiente (1999) empezar a serlo por cinco: 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2004, 2009, 2015 (ya sincronizada con las de autoridades regionales) y 2021 (aplazadas en 2020 por el COVID-19).

Para entender: números

Historié arriba las fechas de las elecciones porque me interesa fijar que la democracia en los niveles subnacionales es un hecho bastante reciente: Hasta 1985 los alcaldes no eran elegidos por voto popular (y después de este año y hasta 2009 eran elegidos aquellos que eran la cabeza de la lista de concejales más votada) y hasta 2005 las autoridades departamentales las designaba el presidente de turno. He querido fijarlo para que se entienda cómo la memoria democrática no es una virtud de larga data para elegir y dar gobernabilidad en el ámbito subnacional boliviano y esto se potencia mientras más pequeñas sean las unidades elegibles y más apartadas estén de los principales centros poblacionales —aun más en el mundo rural— que son los “hogares” del debate político.

De los 336 municipios de Bolivia, 11 tienen menos de un mil habitantes; 15 entre uno y dos mil; 49 entre dos y cinco mil; 95 entre cinco y 10 mil; 137 entre 10 y 50 mil; 16 entre 50 y 100 mil; 12 entre 100 y 500 mil; 2 entre 500 mil y un millón y 2 de más de un millón de habitantes (Santa Cruz de la Sierra y El Alto); es decir, 170 municipios tienen menos de 10 mil habitantes (el 50,1% de los municipios), 307 menos de 100 mil (el 90,6%) y sólo 16 municipios (el 4,7%) tienen más de 100 mil. Una rápida revisión de electores habilitados para este 2021 nos da que en los llamados departamentos del Eje Central —Santa Cruz, La Paz y Cochabamba— estaba el 73,2% (5.217.985) del total nacional (7.131.075) y que en las cuatro principales ciudades de ese Eje —Santa Cruz de la Sierra, El Alto, La Paz y Cochabamba— estaba el 41,5% de todos los habilitados (2.957.523).

Para cerrar este acápite, retomaré el dato proyectado del INE de población para 2018 (no encontré el desglose urbano-rural en los posteriores) que el 69,6% de los bolivianos vivíamos en centros urbanos y periurbanos y me apoyaré en las proyecciones del ente estadístico —mientras no haya el nuevo Censo, que debía ser en 2022 y ahora se quiere pasarlo para “casualmente” coincidir con año electoral— de que en 2030 seremos más de 13,2 millones en Bolivia y en la afirmación de Carlos Hugo Molina que en 2032 seremos algo más de 15 millones (datos expuestos en el II Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Francisco Xavier), lo que Molina proyecta que para ese año el 90% viviremos en las ciudades, una cifra nada alentadora para los que confían en los votos rurales como baza de victoria.

Los volveremos a visitar.

Cifras electorales

Las elecciones subregionales fueron el 7 de marzo para elegir las autoridades ejecutivas y legislativas de 336 municipios —nueve capitales departamentales— y nueve departamentos (obvio subgobernadores, autoridades de la Región del Chaco y otros muy específicos de determinadas regiones).

En el momento de la elección, tres departamentos —Santa Cruz, La Paz y Tarija—, dos ciudades capitales —La Paz y Cochabamba— y El Alto estaban gobernados por autoridades no alineadas con el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político de Solidad con los Pueblos (MAS-IPSP). El departamento Santa Cruz era gobernado por DEMÓCRATAS, La Paz por la alianza del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y SOBERANÍA Y LIBERTAD (SOL.bo) y Tarija por la Alianza Unidad Departamental Autonomista (UD-A), mientras que en alcaldías, La Paz lo era por SOL.bo, Cochabamba por DEMÓCRATAS —con muchísimas complicaciones internas— y El Alto por el Frente de Unidad Nacional (UN). Ninguna de estas organizaciones sobrevivió a la elección.

En 2015, el MAS-IPSP ganó Sucre y Potosí y cooptó luego —por captación, asimilación o conveniencia— Cobija, Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad; en total, obtuvo 862.760 votos, que fueron el 31,7% de los votos válidos emitidos en esas diez ciudades. Este año 2021, el MAS-IPSP repitió en Sucre (venciendo por 301 votos) y ganó Oruro (pasó del 20,0% de válidos en 2015 al 29,5% este 2021; el único otro municipio principal que subió su porcentaje de votación fue en Tarija, que pasó del 21,2% al 25,4% pero que el MAS-IPSP no ganó), obteniendo 771.647 votos: el 24,4% de los votos válidos, el 7,3% menos; dicho de otra forma: en las diez ciudades del eje, voto por el oficialismo central el 13,2% de todos los votos válidos emitidos en el país, por lo que el resto de habitantes de esas ciudades (el 28,3% de todo el país) votó por otras opciones.

Según los cómputos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para alcaldías en 2015 y 2021, el MAS-IPSP obtuvo en 2015 el 40,4% (1.847.537) de todos los votos válidos emitidos ese año para alcaldías (4.568.976) pero en el 2021 el porcentaje fue el 33,3% (1.897.242) de los 5.692.477 sufragios válidos para alcaldías (diferencio votos para alcaldías de votos para gobernaciones por, aunque el número de habilitados es idéntico, el de votos válidos fue inferior en 1,9% para la elección de gobiernos departamentales en primera vuelta: 5.559.425). Si comparara porcentualmente con las elecciones nacionales de 2014 y 2020, la diferencia sería mucho mayor: 40,4% versus 61,4% (2014) y 33,3% versus 55,1% (2020).

Según los mismos cómputos oficiales del OEP para gobernaciones en 2015 y 2021, el MAS-IPSP obtuvo en 2015 el 41,8% (1.909.314) de todos los votos válidos emitidos ese año para autoridades departamentales (4.568.976) pero en el 2021 el porcentaje fue el 42,4% (2.358.397) de los 5.559.427 sufragios válidos para gobernaciones (como mencioné arriba, los votos válidos fueron 1,9% inferior para la elección de gobiernos departamentales). Comparados porcentualmente con las elecciones nacionales de 2014 y 2020: 41,8% versus 61.4% y 42,4% versus 55,1%.

¿Por qué esa diferencia porcentual de votos entre los resultados municipales y departamentales —éstos aparentemente favorables al posicionamiento del MAS-IPSP? La explicación es muy simple y matemática: el voto para elegir autoridades departamentales une la alícuota de votos masistas en las ciudades —los municipios más poblados— con los votos en los municipios menos habitados, que son más; si recordamos que el MAS-IPSP obtuvo este año el 72,6% del total de municipios (244) con menos votos que los que obtuvo en 2015 cuando ganó en 227 (67,0%), comprobamos que el voto para el MAS-IPSP se concentró más en municipios menos poblados.

Los resultados oficiales del cómputo de las elecciones subnacionales en Bolivia 2021 dan muchos datos importantes para analizar. Lo primero es la preeminencia territorial: en 2015, el MAS-IPSP ganó seis Gobernaciones (Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni y Pando) y dos Alcaldías principales (Sucre y Potosí), a las que sumó las alianzas con los ganadores en Oruro (MCS-FA), Trinidad (MNR), Cobija (PUD) y —tácitamente— Santa Cruz de la Sierra (SPT): en total, seis de 10 Alcaldías principales, quedando en manos de la oposición las de La Paz, El Alto, Cochabamba y Tarija —ésta al menos al inicio.

El panorama es diferente en 2021: el MAS-IPSP repitió ganando en primera vuelta las Gobernaciones de Cochabamba (el departamento de la zona cocalera del Chapare, principal proveedora para la narcoeconomía), Oruro (cuna de Evo Morales) y Potosí y fue a segunda vuelta en los departamentos de Chuquisaca (en primera vuelta quedó segundo), La Paz (se estancó en el 39,70%), Pando y Tarija (en ambos su ventaja sobre el segundo era mínima: 2% y 0,12%, respectivamente) pero en los cuatro balotajes, contaba en contra con el conjunto de los votos antiMAS-Evo, lo que vale decir: el resto de los electores. (Vale aclarar que la Ley N° 026/2010 Electoral, confirmado por la Ley Nº 1353/2020, establecen balotajes sólo para elecciones para Gobernador y bajo los mismos criterios de las elecciones presidenciales: si ningún candidato obtiene la mitad más un voto o alcanza o supera el 40% de la votación con el 10% de diferencia sobre su contendor inmediato; las elecciones para asambleístas departamentales y demás autoridades regionales a elegir se basan en la mayoría simple.)

Para las 10 Alcaldías principales (las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto) la Ley Electoral vigente define que en los municipios (alcaldes y concejales) se gana por mayoría simple, con independencia del porcentaje; este año la única de éstas que el MAS-IPSP ganó directamente fue la alcaldía de Oruro —esta vez sin necesitar de “adquirir” aliados— y en Sucre tuvo que esperar de los resultados en la repetición de tres mesas en el municipio para definir el ganador (la diferencia entre los dos primeros era del 0,20%): al final ganó el candidato del MAS-IPSP por el mínimo número de votos: 301.

Si recordamos que el voto de los departamentos del Eje Central representa el 73,2% del electorado habilitado en el padrón y que la población de las 10 ciudades principales tiene el 41,5% de ese mismo padrón, el MAS-IPSP retuvo solamente el gobierno departamental del 30,3% del electorado habilitado en el país y, ya con certeza, el gobierno municipal del 7,5% del electorado habilitado en las 10 ciudades capitales más El Alto. Los balotajes el 11 de abril para los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija y las repeticiones de votación en Sucre corroboraron este resultado.

Hay varios factores que llevaron a esta debacle, mayor si se recuerda que cinco meses antes el MAS-IPSP había ganado la presidencia y la mayoría relativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional con el 55,11% de la votación. Uno de ellos, muy importante, fue la rápida decepción con el gobierno de Arce Catacora al constatarse que no podía cumplir la promesa de la reactivación económica —no hablemos de un “milagro”— y la promesa de reconciliación nacional “hacía aguas”; de ello hablaremos poco más adelante.

Pero el que quizás fue el más mediático y, a la vez, más significativo porque profundiza la fractura dentro del MAS-IPSP fue el de los denominados “dedazos”: la imposición directa por Evo Morales de candidatos contra la recomendación de sus bases. Asesorado por su grupo “duro” —los “argentinos” (los que emigraron con él a Buenos Aires) y los asilados en la embajada de México—, Morales saltó en muchos casos sobre los postulantes a candidatos promovidos por las bases y si esas imposiciones le conllevó entonces rechiflas y hasta silletazos lanzados en las reuniones donde el Jefazo imponía, luego los resultados fueron varapalos significativos: dos candidatos que discutieron —y ganaron— Gobernaciones (Chuquisaca y Pando) al MAS-IPSP en segunda vuelta y, al menos, dos de las alcaldesas ganadoras fueron dirigentes, autoridades electas o aliados del MAS-IPSP —incluida Eva Copa Murga, la senadora del MAS que asumió constitucionalmente la presidencia de la Cámara (y luego se arrogó la de la Asamblea Legislativa ante la falta de vicepresidente del Estado) ante el desbande de la cúpula masista y fue fundamental en lograr que el MAS-IPSP siguiera existiendo, ahora (despreciada por el mismo MAS-IPSP que contuvo en el desbande) la candidata más votada en todas las elecciones democráticas desde que en 1964 el cuasi partido único (MNR) ganara con el 90%—, se puede entender que el “dedazo” fue verdaderamente un símbolo que el poder monolítico caudillista dentro del partido que nos gobernó 14 años y nuevos meses iba en caída libre.

La derrota del 7 de marzo llevó que a la semana el sector “duro” —despotricaciones públicas y mediáticas de Morales Ayma incluidas— se lanzara, desde sus operadores en el gobierno de Arce Catacora, a una razia contra las autoridades del gobierno de Transición —incluidos aquellos fieles al MAS-IPSP pero que salvaron la gobernabilidad— que culminaron con el apresamiento de la expresidente Añez Chávez —incluyendo amedrentamiento y violencia con familiares y amigos para encontrarla— y de dos de sus ministros coterráneos así como de altos militares, a la vez del repotenciamiento del discurso del “golpe de Estado” para tapar el fraude y la huida cobarde —demostrada por sus correligionarios que se quedaron. La repulsa nacional y críticas desde el exterior frenaron un poco la razia —aunque no suavizaron el encierro arbitrario de la expresidente, corroborado por el mismo actual ministro de Justicia quien declaró que “utilizaron la justicia ordinaria porque no tenía suficientes parlamentarios para un Juicio de Responsabilidades”— hasta que la segunda vuelta corroboró cuán despotenciado estaba el liderazgo de Morales y repotenció el afán del grupo “duro” de reinstalarlo en la Presidencia, aún a costa de su misma gente.

Me quedan las lecciones y los mitos: Aunque se aduce que elecciones nacionales y subnacionales son percibidas diferentes para el electorado, éstas del 7 de marzo y el 11 de abril fueron entendidas por los electores contrastadas con la de 2020 en la medida de cuán válido —o no— había sido el mito del “milagro económico” que le dio victoria a Luis Arce Catacora (también entendido él como “otro MAS” y capaz de abrir la cornucopia de la nueva bonanza, además del hartazgo con los políticos opositores al MAS-IPSP —parte o no de la gestión de la Transición), coincido con Carlos Toranzo en que estas subnacionales muchas decisiones se apartaban de «la agenda  cotidiana, de realización de obras para los votantes»: en 2020, Arce obtuvo el 55,11% y en ésta de 2021 para Gobernaciones recibió el 42,4% de votos válidos y para alcaldías el 33,3%. La segunda lección es que, una vez más, la dispersión onanista de candidaturas siempre perjudica a la oposición al MAS-IPSP, y la tercera que esta elección terminó de enterrar a partidos que fueron importantes y marcaron estos 15 años: DEMÓCRATAS, UN, SOL.BO, SPT, UDA…

De los mitos: sólo en pocos departamentos el voto rural es influyente —en 2018 sólo el 30,6% de la población era rural— y el de país indígena lo desinfló el Censo 2012, a pesar de todas sus debilidades.

Una antífrasis muy realista

¿Por qué una derrota casi win-win?

El MAS-IPSP perdió las primeras vueltas de las elecciones para las Gobernaciones de los departamentos del Beni (22,2% de los votos válidos), Chuquisaca (39,1%), La Paz (39,7%), Pando (40,2%), Santa Cruz (38,0%) y Tarija (38,2%) y ganó las de Cochabamba (57,4%), Oruro (46,3%) y Potosí (44,0%). He tomado de referencia las primeras vueltas porque es en esa etapa cuando se eligen los Asambleístas departamentales por población y por territorio.

Y al revisar la composición de las Asambleas de todos los departamentos encontramos que el MAS-IPSP tiene 12 de los 28 miembros de la Asamblea Departamental en el Beni (42,9% de los asambleístas, muy diferente del 22,2% de votos válidos que obtuvo), Chuquisaca 14 de 17 (82,4% ¹ 39,1%), Cochabamba 25 de 34 (73,5% ¹ 57,4%), La Paz 35 de 45 (77,8% ¹ 39,7%), Oruro 25 de 33 (75,8% ¹ 46,3%), Pando 13 de 20 (65,0% ¹ 40,2%), Potosí 24 de 32 (75,0% ¹ 44,0%), Santa Cruz 11 de 28 (39,3% ¹ 38,0%, quizás el más cercano a su votación para Gobernador) y Tarija 13 de 30 (43,3% ¹ 38,2%).

Un desfase que puede explicarse por la geografía electoral boliviana. Para explicarlo con más claridad, me referiré a las circunscripciones uninominales que se eligen en los comicios generales y tienen un correlato con los territorios para los correspondientes de las Asambleas departamentales.

Yendo a los extremos presentados, el candidato a diputado uninominal de la circunscripción 10 de El Alto en 2020 tenía que convencer a la mayoría de los 191.363 electores habilitados en su circunscripción, mientras que el candidato a diputado uninominal de la circunscripción 63 de Pando sólo tenía que convencer a la mayoría de los 22.987 electores habilitados en su circunscripción.

Un voto no es igual

Si un candidato a diputado uninominal necesita ocho veces más votos que otro candidato a diputado uninominal para ser elegido, es un desequilibrio en la representatividad y, en definitiva, se constituye en un axioma: un voto no es igual a otro voto porque habrá representantes populares —diputados electos— que representarán a más de 191 mil electores con la misma “representatividad” —valor de su representación— que otros que representarán a menos de 23 mil.

Más diferente incluso es la cantidad de habilitados para elegir a su diputado indígena:

En el primer caso —uninominales—, pudiera argüirse que la diferencia en la capacidad de moverse por territorios —circunscripciones uninominales— mucho más extensos y despoblados explica la diferencia de votos posibles —necesarios— para ser elegidos y que las circunscripciones cuyos candidatos a elegir necesitan más votos son aquellas dentro de las ciudades principales y municipios más poblados y las que menos necesitan son las rurales, argumento que, a primera oída, pudiera parecer lógico si no se pudiera solucionar mediante variar la geografía electoral —aunque me acusen de falta de “solidaridad”—, sobre todo teniendo en cuenta que la población urbanizada en el país ya estará el próximo año por alrededor del 80%.

Esta distorsión para las circunscripciones uninominales se replica en la elección de los asambleístas departamentales por territorio —el que haya asambleístas por territorio y asambleístas por población reproduce la (aberración llamaré) que hay entre diputados plurinominales (por lista presidencial) y diputados uninominales (por voto directo). Al final, es un beneficio a la organización política con más penetración en zonas rurales —el MAS-IPSP—, las menos habitadas y, por ende, las más fáciles de captar. Nuestros amigos venezolanos pueden dar también fe de esa distorsión que beneficia habitualmente al chavismo-madurismo.

Algo que, sin ser manifiestamente antidemocrático pero sí un derroche absurdo, se paraleliza en que Bolivia, con 336 municipios 11 de ellos tienen menos de un mil habitantes y 170 de menos de diez mil pero San Pedro de Quemes con 789 habitantes en la proyección para este año del Instituto Nacional de Estadísticas tenga alcalde, tres concejales y sus tres suplentes, asesores y toda la planta técnica administrativa y que Chaquí —donde “curiosamente” ganó la alcaldía el MAS-IPSP pero no tenía candidato habilitado para la elección municipal—, con 8.770 habitantes proyectados en el mismo ejercicio, aumente a cinco concejales y sus cinco suplentes con todo el resto de operadores de planta mencionados —pero crecida esa planta—, continuando hasta llegar a los once conejales y sus suplentes (y mucho más “otros” de planta) en las capitales departamentales más El Alto. En un estado pobre esa es una aberración imperdonable, fácilmente solucionable con las Regiones Metropolitanas —agregados de los actuales municipios— pero que fracturaría el clientelismo político en un país con poquísimas fuentes dignas de trabajo.

Colofón

Mientras termino este artículo, hoy se están posesionando las autoridades elegidas entre marzo y abril pasado.

De cómo actúen, así nos irá al resto. Sobre todo cuando no se entiende a dónde apuntará la brújula gubernamental y la incertidumbre campee.

José Rafael Vilar es analista y consultor político