La opinión pública sobre la justicia boliviana tiene una valoración negativa de las instituciones y las autoridades administradoras de justicia (jueces, fiscales y policías), la ciudadanía mayoritariamente duda de la independencia de los fallos de los administradores y de que hagan su trabajo libre de presiones e interferencias políticas; donde la justicia es una mercancía susceptible de compraventa y los administradores la subastan al mejor postor. Desde hace 39 años, a partir de la reapertura democrática boliviana -1982-, la justicia es un problema irresuelto. La clase política prometió y termino engañándonos, con rimbombantes mejoras.

Como si no bastara la desaprobación patria, el Parlamento Europeo y tres organismos internacionales “recomendaron” a Bolivia realizar una reforma judicial. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch también los recomendaron, en 2020.

El Parlamento Europeo instó a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva. También pidió que “modifique los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, que incluyen definiciones demasiado amplias del terrorismo, lo que da lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad y proporcionalidad.

El 24 de agosto de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, en el que, entre otros detalles, también “recomendó” reformar la justicia, indicando al Estado nacional desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso.

Esta reforma debería incluir un diagnóstico profundo del sistema de justicia penal; revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y fiscal general y adoptar una ley sobre la carrera judicial.

Además, que “asegure que la detención preventiva se aplique de manera excepcional, por el menor tiempo posible, y como un último recurso” y “revisar la legislación penal para eliminar las definiciones ambiguas de aquellos delitos, que puedan facilitar la aplicación arbitraria y discrecional de la ley.

El 12 de septiembre de 2020, Human Rights Watch (HRW) publicó el informe La justicia como arma: Persecución Política en Bolivia. En ese documento, esa organización sobre Derechos Humanos, de igual manera, “recomendó” reformar la justicia para garantizar su independencia, comenzando por abrir un proceso público participativo que promueva e incluya las perspectivas de todos los partidos políticos, de miembros de la sociedad civil y de organizaciones que trabajen en la reforma del sistema de justicia, así como de expertos internacionales en la materia.

El actual Gobierno determinó una comisión de notables para impulsar la transformación judicial a la cabeza del letrado Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de la República y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Sim embargo, al poco tiempo de implementar dicha comisión, en fecha 08/02/2021, este y otro letrado, renunciaron a la comisión; a decir del ministro de Justicia, renunciaron porque “no se está acompañado esta necesidad del pueblo boliviano, de los resultados en tiempos. Han pasado dos meses y no hemos dado resultados; y, que la reforma de la justicia debe ser por la vía constitucional, de reforma constitucional.

El ministro Lima y ante dicho abandono que significó el certificado de defunción de la pretendida transformación judicial, gaznápiramente, dijo que “la idea es ampliar, darle una visión plurinacional y un 50% de mujeres es el compromiso del ministro y estamos trabajando en la ampliación de esta comisión con un mayor pluralismo”.

Desde la aciaga expiración de la señalada comisión, a la fecha, nunca más se informó a la población de cualquier trabajo de esta; peor aún, cuando los citados organismos internacionales (entre los que la Unión Europea financian $us 281 millones, repartidos, entre ellos, justicia con € 20 millones) de donde, ya va tarde la reforma judicial boliviana; misma que de materializarse no debe ser acorde a los intereses del partido de gobierno, sino conforme con los designios de la población boliviana.