Los actos de posesión e inicio de funciones de las autoridades y representantes electos en los departamentos y municipios del país mostraron no solo variedad de rostros y estilos, sino también importantes señales para la gestión pública. Es evidente que la preocupación principal es la crisis socioeconómica y la crisis sanitaria. En tal contexto se requieren acuerdos de amplio alcance.

Concluido el largo ciclo electoral y el periodo de transición para la posesión de las nuevas autoridades y representantes, llegó la hora de la gestión. Los primeros mensajes, como es natural, son de reafirmación de compromisos. En general, la situación en las entidades territoriales autónomas no es la mejor: los recursos son escasos, se heredan deudas abultadas y hay múltiples demandas. Todo ello puede generar conflictos. Es previsible asimismo un periodo de ajustes internos y remoción de funcionarios.

Más allá de disputas y diferencias de estilo, así como de la especificidad de agendas en cada territorio, es evidente que el desafío común radica en impulsar políticas públicas de corto plazo para enfrentar la crisis socioeconómica, así como un esfuerzo especial a fin de adoptar medidas eficaces contra la pandemia del COVID-19. Para ello, los gobiernos departamentales y municipales requieren no solo recursos, sino también acuerdos amplios entre los diferentes actores políticos, sociales e institucionales.

Es claro asimismo que para avanzar en la agenda de gestión pública en las entidades territoriales es fundamental que exista sintonía con las políticas anticrisis del nivel central del Estado. Ello implica voluntad de diálogo, de coordinación y de construcción de acuerdos. Las diferentes solicitudes de reunión con el presidente Luis Arce van en ese sentido. Debe esperarse que el Gobierno central, más allá de diferencias políticas y sin exclusiones, garantice la convergencia de capacidades y esfuerzos.

En general, con la excepción de una bravata marginal de Luis Fernando Camacho en su primer discurso como gobernador de Santa Cruz, las autoridades electas manifestaron disposición para concertar. Es lo que necesita el país. El escenario económico y sanitario es demasiado crítico como para desperdiciar energía en prolongar una inútil polarización política. Se requiere pues que todos los gobiernos (central, departamentales, municipales) concentren trabajo y recursos en afrontar y superar la emergencia.

Cierto que en el horizonte hay temas estructurales que no pueden ignorarse. Ahí está el postergado pacto fiscal, que es uno de los componentes centrales del lento proceso autonómico. Se hace referencia también al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Y debe lograrse que haya justicia como condición de paz y reconciliación. La ciudadanía se expresó con civismo en las urnas y otorgó mandatos claros en democracia. Esperemos que las autoridades y representantes electos estén a la altura del desafío.