Hace apenas un par de días, las nuevas autoridades electas, tomaron posesión de sus cargos conformando gobiernos municipales y departamentales. De acuerdo a los reportes del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, más de 2300 autoridades en los diferentes niveles gubernativos fueron posesionadas, casi la mitad son mujeres, que inician su gestión de gobierno por 5 años como lo establece la Constitución Política del Estado.

Muchas de estas autoridades plantearon propuestas, programas de gobierno para desarrollar sus gestiones, sin embargo, los presupuestos con los que empezarán su trabajo fueron elaborados por la gestión anterior y no expresan las prioridades que plantearon durante sus campañas. Un análisis elaborado por la Fundación Jubileo, reporta que los presupuestos de los gobiernos departamentales, particularmente sus ingresos, se vieron afectados por la crisis sanitaria por COVID-19 y siguen una tendencia de reducción desde 2015.

Los presupuestos son una herramienta técnica para la planificación, es una estimación de gastos en la que se muestra las prioridades de la instancia gubernamental, el sector de la sociedad que valora y el tipo de actividades que se reconocen. En ese marco, los presupuestos son expresión de voluntad política.

En el reporte de Jubileo, se identifica con claridad los temas que han sido priorizados por la mayoría de los presupuestos departamentales. A pesar del contexto de pandemia, las prioridades en los presupuestos no reflejan interés por mejorar los sistemas de protección, salud y educación, cuyas debilidades se vieron expuestas durante la cuarentena. Las prioridades van por otro lado: caminos con el 38% del total de la inversión departamental; 23% para el sector agropecuario y en tercer lugar electrificación y energía con 9%. Lejos, se encuentra el presupuesto orientado a salud, con 4% y educación con 1%.

A pesar de los airados discursos, el presupuesto orientado a luchar contra la violencia hacia las mujeres y promover la igualdad de género, apenas alcanza al 0,1% de la distribución total de la inversión departamental.

Las autoridades departamentales, podrán hacer modificaciones al presupuesto durante la gestión, lo cual nos mostrará cuáles son las prioridades reales, ya que los presupuestos públicos afectan a la vida cotidiana de las personas y sus posibilidades de ejercer sus derechos humanos.