A partir de este 3 de mayo, Bolivia inicia un nuevo periodo político. Las autoridades sub nacionales tendrán que lidiar con tres frentes al mismo tiempo:  El primero y más urgente es la economía y el desarrollo. El Banco Mundial proyectó un crecimiento económico para el país, pero todavía vamos a tener un largo trecho por recorrer para la reactivación. A la vez, la coparticipación se va a reducir, por lo que los gobiernos subnacionales comienzan con menos recursos que los que tenían en anteriores años.

Las ciudades intermedias se encuentran en pleno proceso de crecimiento y poseen un buen bono demográfico, más población joven en edad de trabajar, por lo que podrían convertirse en motores económicos. Las nuevas autoridades deben generar recursos propios e impulsar la diversificación. Según el Índice de Prosperidad de Ciudades, el nivel de productividad y competitividad de las ciudades es bajo. A su vez, los gobiernos municipales dependen financieramente del Nivel Central; 60% de sus ingresos provienen de ahí. 

Lo anterior implica que las autoridades busquen fortalecer acciones que aumenten su capacidad de recaudación impositiva y aceleren procesos de diversificación productiva. Esto se puede lograr generando gestiones transparentes y procesos de digitalización: el avance del gobierno electrónico facilita los medios de pago digitales igual a mayor recaudación. Las nuevas autoridades deberán revisar cómo potenciar las industrias. Éstas requieren apoyo y generar alianzas con los propios gobiernos, los cuales pueden impulsar la innovación a través de sus políticas y compras públicas.

Segundo, el tema político. El gobierno nacional y los gobiernos subnacionales mostrarán rupturas. Si bien se podría decir que hay una mayor cobertura política en lo territorial, pues el Movimiento Al Socialismo tiene más alcaldías que en 2015, el voto en general se ha fragmentado: el 47% de los alcaldes ganaron con porcentajes de mayoría absoluta frente al 65% en anteriores comicios.

El escenario político será de desgaste debido a la alta fragmentación, tanto entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, e internamente, pues, muchos poseen concejos divididos, habrá poca gobernabilidad y resurgimiento de posibles fracturas regionales. La menor coparticipación lleva a que los propios gobiernos subnacionales presionen por nuevo pacto fiscal y lo enarbolen como bandera política, como ha sido el caso de Camacho en Santa Cruz. Por tanto, para evitar que los conflictos reduzcan el margen de gestión, se deben poner reglas claras y propiciar una gobernanza multinivel, es decir, una toma de decisiones buscando incluir a todos los niveles de gobierno y con miras a objetivos comunes.

Tercero se refiere a las capacidades de gestión. Los procesos de transición no han sido expeditos y hubo constantes quejas de la falta de colaboración. Más allá de eso, las nuevas autoridades enfrentarán parte de la pandemia y demandas sociales en ciernes. Ello implica que deberán generar capacidades para respuestas rápidas. Es clave, en este sentido, la futura Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que les permitirá diseñar sus propios planes de desarrollo urbano, generar planes de resiliencia y reactivación ante la pandemia, e impulsar la digitalización e innovación gubernamental de sus municipios.

Cristian León/.