Este 3 de mayo se ha producido el cambio de autoridades municipales y departamentales en todo el país, evento que tiene los siguientes antecedentes y significados.

El partido oficialista ganó la elección en 240 municipios que concentran menos del 30% de la población- y obtuvo concejales o asambleístas en los 9 departamentos. Sin embargo, ganó solo 3 gobernaciones, lo cual significó la derrota y el descrédito de su jefe de campaña, que había ofrecido ganar al menos 7. En las cuatro gobernaciones donde la elección se definió en segunda vuelta, el MAS obtuvo mayoría relativa; esto, unido a la forma como se eligen los asambleístas departamentales, le ha dado una presencia muy amplia en dichas asambleas, lo cual complicará la gobernabilidad en los 6 departamentos que han quedado en manos de autoridades no oficialistas. Lo mismo puede ocurrir, habida cuenta de las prácticas prebendales o judiciales de las que el MAS ha hecho gala en el pasado, en las siete grandes ciudades, así como en otras menores, ganadas por alcaldes/as opositore/as. Un dato adicional a considerar es que, entre estos últimos, hay autoridades que, hasta poco antes de inscribir sus candidaturas con otra sigla, fueron militantes del MAS -siendo Eva Copa, alcaldesa de El Alto, la figura más relevante- y que pueden convertirse en eslabones débiles de la “cadena” opositora.

Además de la composición descrita, la situación financiera que enfrentarán las flamantes administraciones será muy compleja, no solo porque todavía tendrán que lidiar con el flagelo del COVID y por el estado en el que se encuentra el erario público, sino también porque, a juzgar por lo que ha ocurrido en el pasado y las actitudes que viene mostrando el Presidente aparente, el gobierno central se esmerará en recortar lo más posible los ingresos que recibirán las entidades autónomas y seguirá demorando el pacto fiscal, con el consiguiente cercenamiento de dicha calidad.

En el marco de las múltiples crisis que sufre nuestro país al menos desde 2019, los gobernadores y alcaldes/as de oposición tienen, no solo el desafío, sino la OBLIGACIÓN, de gobernar con equipos que garanticen inteligencia, profesionalismo, creatividad, amplitud, eficiencia y honestidad a toda prueba. Hay que recordar las consecuencias políticas que ha tenido el gobierno de la ex - Presidente Jeanine Añez, cuyo mayor error fue escuchar los cantos, no de sirenas, sino de tiburones –algunos fugados rápidamente- que la llevaron postularse a la Presidencia. Los graves daños a la institucionalidad del país y sobre todo la corrupción y el autoritarismo que lo marcó, ejemplifican lo que puede ocurrir con administraciones departamentales o municipales que no cumplan con las cualidades que demanda la población que los ha elegido: el descrédito de la oposición y el consiguiente aumento del apoyo al MAS, revirtiendo el duro golpe que recibió en las elecciones del 7 de marzo de este año.

La amenaza que pende sobre la débil figura del Presidente aparente, materializada en las indisimuladas ansias del “Jefazo” y su círculo cercano de retomar el poder total, hace aún más necesario que los gobernadores: Camacho, Condori, Montes, Quispe, Richter y Unzueta; la alcaldesa Copa y los alcaldes: Arias, Cámara, Fernández, Llally, Reis, Reyes y Torrez, así como aquellos que ganaron en otros municipios con siglas propias, y los concejales y asambleístas que no son del MAS, hagan la mejor gestión posible, sin lugar a nepotismo, mezquindad, sectarismo ni oportunismo. Si no lo hacen, convertirán en oprobiosa derrota, la victoria que los electores comprometidos con la defensa de los intereses de las mayorías, la democracia, la institucionalidad y la imagen internacional de Bolivia, hemos logrado con nuestro voto en los recientes comicios.