Medio: El País
Fecha de la publicación: miércoles 20 de junio de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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Con mucho brío inició la andadura la Asamblea Legislativa Departamental. La nueva Directiva comprometió abordar de forma decidida la Ley Electoral y la Ley de redistribución de regalías o de Pacto Fiscal Departamental como consecuencia de la demanda de modificación de la Ley 3038, de ámbito nacional, que asigna el 45 por ciento de todas las regalías departamentales a la provincia del Gran Chaco independientemente de donde se produzca. De momento, sin embargo, no ha podido resolver ni el aberrante nombramiento de un presidente de Comisión denunciado por violencia de género por su pareja. Que si se conforma la Comisión de Ética, que si leeremos la 348, que si hay que esperar el informe que no llega del Ministerio Público a tres cuadras, etc, etc. La clásica.
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La Ley de Redistribución o Ley del 45 por ciento ya había sido despejada por la anterior Directiva presidida por la hoy secretaria Sara Armella, que en su momento advirtió que la remitiría directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que distribuyera las competencias cuestionadas. La Comisión de Economía Plural de la Asamblea Plurinacional de Bolivia renunció a tocar el tema alegando que se trataba de un asunto departamental, en la misma línea que durante los actos de la efeméride de abril se había pronunciado el Presidente Evo Morales.
El problema, reconocen unos y otros, es que la Ley 3038 es nacional y mientras no se abrogue hay poco que hacer. La Ley que podría derogarla es precisamente la Ley de Hidrocarburos que el Ministro Luis Alberto Sánchez lleva tres años diciendo que se encuentra prácticamente terminada. Consultado sobre ese tema, siempre ha negado que se vaya a incluir tal cosa en la propuesta de Ley, que sigue secreta.
En ese marco, la Directiva que empezó fuerte se ha dado un respiro. La última propuesta llegada desde altas esferas del MAS, pretende un “ganar – ganar” del Chaco, los municipios productores no contemplados en la 3038 y el resto de municipios con un reparto que, en esencia, deja sin esos ingresos a la Gobernación y por tanto, elimina el interés general para cuartearlo en porciones chiquitas.
Como el asunto se complicaba por momentos, la Directiva decidió darle un giro a la agenda y priorizar el asunto de la Ley Electoral. El asunto no es menor y puede tener consecuencias fatales, pues saltarse una resolución constitucional del alto Tribunal para seguir eligiendo subgobernadores porque sí puede conllevar la concurrencia de varios delitos. Más allá de eso, la forma de elegir asambleístas y el reparto por población no es asunto baladí ni tan simple como decir “que no se toque nada y todo siga igual”. Cercado tiene un 42 por ciento de la representación y un 55 por ciento de la población y no parece que sea una buena solución.
Queda año y medio de gestión para agotar la legislatura. Los temas se siguen acumulando y pronto se empezará a sentir que la Asamblea, una vez más, empieza a dar muestras de que lo menos importante es sentar las bases de la autonomía, lograr los acuerdos macro, y sí resolver los problemas de sus amigos. Para esto no era.
