Transcurridos  16 meses de asumir un cargo que tenía un plazo de ejercicio de cinco años, Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, uno de los cuatro poderes del Estado, renunció intempestivamente.

Su dimisión fue recibida de la misma manera que lo fue su gestión, con opiniones encontradas. Muchos ciudadanos lamentaron su partida y elogiaron el trabajo realizado en los difíciles periodos que condujo el Órgano Electoral; otros prefirieron acusarlo, como lo han hecho en los últimos meses, ya sea de ser servil al MAS o a la derecha y “los golpistas”. La reacción no es más que el reflejo de la polarización que vive la sociedad boliviana en todos sus ámbitos.

Sin embargo, por encima de los extremos está el balance de lo que fue una importante tarea en un periodo crucial para la democracia boliviana. Romero fue designado por la presidenta Jeanine Añez en diciembre de 2019, cuando la crisis política originada en las denuncias de fraude electoral apenas terminaba. Los conflictos políticos y sociales de las últimas semanas habían provocado prácticamente la desaparición de la institucionalidad del organismo electoral: autoridades acusadas por fraude, muchas de ellas detenidas; la mitad de las sedes departamentales destruidas y una elección urgente a convocar eran los desafíos que le esperaban a la nueva autoridad.

Salvador Romero Ballivián es uno de los bolivianos más destacados en el ámbito internacional en temas electorales. Su experiencia en el país se remonta a los años 1995-1998, cuando fue vocal departamental por La Paz; durante los años 2004 a 2008 fue vocal, vicepresidente y presidente del Tribunal Supremo Electoral. Con esas credenciales, la llegada de Romero representó un alivio para un momento de inestabilidad e incertidumbre.

Sin embargo, en ningún momento la gestión liderada por Romero como presidente tuvo un camino llano. A la recomposición institucional y la precipitada organización de un nuevo proceso electoral bajo la sombra del fraude, le siguió la pandemia y la crisis social y sanitaria que afectó al país en todos sus ámbitos. Las elecciones, inicialmente programadas para marzo, terminaron realizándose en octubre, sorteando numerosas críticas y obstáculos en los cuales los más notorios fueron los ataques al TSE, y a Romero específicamente, desde ambos lados del espectro político.

En realidad, a pesar de los dos procesos electorales consecutivos organizados por el TSE, la confianza en el Órgano Electoral no ha logrado recuperarse por completo. El estigma del fraude en 2019 permaneció en el imaginario de políticos y ciudadanos, y los actos del ente electoral transcurrieron bajo la sombra de la sospecha y la crítica.

No obstante, las dos elecciones realizadas gozaron de una activa participación ciudadana y fueron aceptadas tanto por ganadores como por perdedores, dando al país una nueva generación de autoridades nacionales y subnacionales que gobernarán por cinco años. Romero ha decidido dejar en este momento el cargo y, por supuesto, que podría decirse que cumplió a cabalidad, con mucha ecuanimidad y en tiempos de tormenta permanente ambos procesos, restituyendo integridad al Órgano Electoral y llevando adelante comicios transparentes, elogiados por la comunidad internacional.

Pero, por supuesto, el momento en que deja sus importantes funciones no es menos delicado. Sobre el único poder del Estado independiente se ciernen amenazas que hacen peligrar una institucionalidad apenas establecida y los precedentes recientes, de nefasta sumisión de este órgano al poder político, dejan una estela de suspicacias y temores para el futuro.

Salvador Romero tomó la posta en uno de los peores momentos para la democracia electoral, y supo lidiar y superar escollos de todo orden para devolverle legitimidad y credibilidad; sin embargo, este esfuerzo puede quedar diluido si el actual Gobierno opta por volver a cooptar este poder del Estado para someterlo a sus designios. Ojalá la experiencia del pasado permita que no se repitan estas decisiones que llevaron al país a una de sus peores crisis.