La designación de Dina Chuquimia como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en reemplazo de Salvador Romero, que dimitió, es una señal más de que el Presidente del Estado concibe la gestión de su Gobierno en una línea de continuidad que excluye la ejecución de reformas tendientes a fortalecer la institucionalidad de la democracia.

En efecto, a juzgar por sus antecedentes, el perfil de la reemplazante de Romero en el TSE parece estar lejos del de una vocal capaz de contribuir de manera eficiente a las tareas que el Órgano Electoral Plurinacional tendría que cumplir en un futuro mediato.

Y eso por dos razones: la primera se refiere, precisamente, al trabajo que se espera del TSE respecto del Padrón Electoral y la propuesta legislativa para modificar la asignación de asambleístas nacionales y departamentales que, según la ley vigente rompe los principios de proporcionalidad y de igualdad, pues el voto de un boliviano del área rural vale casi tres veces más que el de un citadino. Delicadas tareas para cuyo cumplimiento se requiere un equipo cuyos integrantes merezcan, todos, plena confianza ciudadana y política en su imparcialidad y capacidad técnica.

Esa necesaria, pero poco probable, confianza que tendría que merecer Chuquimia es la segunda razón de inquietud, pues la nueva vocal –que retorna al TSE después de seis años– era parte de la denominada “banda de los siete” cuyo desempeño en su gestión del ente electoral estuvo marcada por actos de evidente parcialización en favor del MAS, en las elecciones subnacionales de 2015, cuando se inhabilitaron las candidaturas de disidentes de ese partido y de más 200 opositores, en una decisión cuestionada. Todos esos vocales renunciaron a sus cargos en mayo de 2015, en medio de denuncias por hechos irregulares.

Es más, en 2013, Chuquimia fue denunciada por favorecer la contratación de una empresa que suministró afiches y volantes en 2011, razón por la cual la Sala Plena del TSE decidió otorgarle vacaciones mientras duraba el proceso electoral subnacional que estaba en curso. Y en 2015, Chuquimia mereció una ola de críticas por compartir en su cuenta de Twitter un anuncio proselitista de un candidato masista a alcalde.

Esos antecedentes –y la ausencia de otros que atestigüen las competencias técnicas de la nueva vocal en temas electorales, como era el caso de Romero– evidencian la ausencia de una real voluntad política del Gobierno para ejecutar los cambios institucionales necesarios y urgentes en la consolidación y perfeccionamiento de la institucionalidad democrática en el país.

No es la primera ni única señal en ese sentido. El abandono total de la reforma del Órgano Judicial, iniciada en diciembre y extinguida sin más trascendencia pocas semanas después, fue un anuncio claro de que el continuismo de los primeros gobiernos del MAS parece inevitable.