Desde ayer ha comenzado el ejercicio de la autonomía plena, más allá de la voluntad del Gobierno central. Una afirmación de esta naturaleza necesita ser explicada.

El futuro de la gobernanza subnacional está en manos de las nuevas autoridades posesionadas, ejecutivas y legislativas y ellas tienen sobre sí la responsabilidad de realizar gestión y cumplir sus promesas electorales. El Gobierno central no podrá llevar adelante el país como lo ha intentado hasta ahora y a partir del 3 de mayo se inicia el proceso autonómico radical, con menos recursos y más competencias, y con más necesidad de la gente de respuestas efectivas.

En este ciclo se generará el empoderamiento del proceso autonómico, tanto municipal como departamental y las autoridades, sean de cualquier signo ideológico, van a tener que resolver tres necesidades concretas: salud, economía y gobernabilidad. De esas tres, las que no cumpla el gobierno central se volverán contra las autoridades territoriales y eso empoderará a alcaldes y gobernadores por la naturaleza de las exigencias.

Tengo un optimismo moderado y aunque ello pueda parecer que va en contrasentido del análisis de lo que hemos vivido hasta ahora, está basado en la pregunta, ¿para qué se realizaron elecciones de alcalde y gobernadores en las condiciones que estamos viviendo? Los niveles de manipulación y de control que pretenderá seguir ejerciendo el nivel central serán menos eficaces, precisamente por la ausencia de recursos, y en su intento de seguir exclusivamente por la vía política, la gente exigirá respuestas a sus autoridades cercanas.

Entendería las dudas si la situación fuese estática y siguiera como ocurrió hasta ayer, pero no podemos olvidar que se ha producido un quiebre. La población ha creído en las elecciones y ha ido a votar corriendo el riesgo de su salud con el objeto de tener gobiernos que le den respuestas autonómicas; todos hemos sufrido el mismo riesgo para elegir autoridades que ahora deben cumplir con la razón por la que han sido votadas.

Desde esta perspectiva, el desarrollo y consolidación del proceso autonómico depende de la construcción democrática que ha alcanzado la democracia y que tiene que ver con los resultados de la participación popular, la inclusión, planificación participativa, inversión concurrente, mancomunidades municipales, las ciudades intermedias, los territorios indígenas y con el desarrollo económico local.

Con ese andamiaje, las autoridades tendrán que hacer funcionar lo público y el nivel central sentirá la presión de la demanda legítima de la población a través de las autoridades posesionadas, quienes tendrán que hacer funcionar la autonomía y cumplir su oferta electoral a riesgo de su propio mandato. 

Para completar el escenario tendrá que concretarse el pacto fiscal con un acuerdo económico mínimo, dinamización de la economía, apoyo a los sectores productivos, a las alianzas público-privadas, situaciones que el gobierno central tendrá que aceptar frente a la demanda y a las necesidades colectivas, más allá de su propia voluntad. 

Es posible que pretenda seguir por un tiempo con el chantaje conocido, pero cada vez con menores posibilidades porque no se admitirán dilaciones frente a necesidades elementales que necesitan mucho más que buena voluntad, “cuándo me vacunarán, no me interesa quién lo haga”, “necesito trabajar”. 

La gestión que se ha iniciado ayer es una apuesta por la democracia y tiene como responsables a quienes asumen un mandato para profundizarla. Quienes trabajamos con la gente sabemos que no existen diferencias políticas radicales en los territorios; la gente necesita desarrollo y producción y allá, no se pueden separar por militancia como torpemente se ha discurseado. Las vacunas y la economía están por encima de la miopía. 

Las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales van a sufrir la presión de la sociedad civil, que demandará la aprobación de leyes necesarias para que la población tenga desarrollo donde vive y no siga migrando. La gobernabilidad vendrá desde la presión ciudadana.

Carlos Hugo Molina es abogado y ciudadano en ejercicio.