Dirigentes del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (Pilcol) advirtieron a las autoridades de gobierno, con aplicar en los próximos días su propia justicia a miembros de la “Cooperativa Minera Aurífera 15 de Mayo”, cuyas operaciones de explotación de oro han provocado el feriado de 1 de mayo enfrentamientos con varias personas heridas en la comunidad Charopampa, municipio de Maripi en el departamento de La Paz.

A través de un comunicado difundido este sábado, Pilcol pide a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) nacional, regional, Defensoría del Pueblo, ministerios de Gobiernos y la Presidencia, tomar cartas en el asunto, debido a que la Cooperativa estaría operando de manera ilegal en un Territorio Comunitario de Origen (TCO).

El documento firmado por su presidente Marcelo Divapuri señala que no fueron sometidos a consulta previa y que bajo el pretexto de explotar recursos naturales se avasallan territorios indígenas ingresando por la fuerza sin considerar que dichas operaciones deben ser garantizadas por las autoridades llamadas por ley.

Señala que, existiendo una grave vulneración al derecho de los pueblos indígenas por avasallamiento y saqueo de sus recursos naturales, se declaran en estado de emergencia y convocan a las más de 40 comunidades indígenas a objeto de aplicar la justicia indígena en la población de Mapiri, ubicado al norte del departamento de La Paz.

Aseguran que dicha Cooperativa opera sobre cuadrículas sobre un Territorio Comunitario de Origen (TCO), tierras que se encuentran tituladas en el INRA a favor de la nación Leco, bajo dominio de la comunidad Charopampa.

Exigen a la Cooperativa 15 de Mayo cesar en sus pretensiones y someterse a la justicia ordinaria por los actos delictivos y “sea de manera inmediata bajo conminatoria de ser retenidos dentro nuestro territorio para ser ajusticiados conforme a nuestros usos y costumbres”, dice en su comunicado.  

Los indígenas de Pilcol responsabilizan a la cooperativa por muertos y heridos indígenas que se encuentran en conflicto desde hace varios años y lamentan que el Ministerio de Minería no tome en cuenta la negativa de los originarios a permitir la explotación de sus recursos naturales en su propio territorio.