Si el presidente Luis Arce creyó que la persecución emprendida por su gobierno en contra de la expresidenta Jeanine Añez y sus colaboradores no iba a tener un costo para su gestión, se equivocó. El Parlamento Europeo aprobó por 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones, una durísima resolución que condena “la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Añez” y pide su liberación “inmediatamente”.

La resolución, además, se apega a los hechos de noviembre de 2019, y afirma que “de conformidad con la Constitución boliviana, la expresidenta Añez cumplió con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales, tras los disturbios violentos desencadenados por la tentativa de fraude electoral”.

Ese segundo párrafo rebate la esencia misma de la denuncia presentada por el gobierno de Arce en contra de Añez, a la que acusa de haber incurrido en un golpe de Estado, pese a que el país entero fue testigo de un levantamiento popular que duró 21 días, al cabo de los cuales Morales renunció a su cargo. Le siguieron sus pasos los demás integrantes de la cadena sucesoria dejando un peligroso vacío de poder que sumió al país en el caos y la violencia por dos días.

La resolución del Parlamento Europeo es la primera de un cuerpo colegiado internacional y se suma a otras emitidas por organismos internacionales que piden al Gobierno boliviano respetar el debido proceso en el juzgamiento a la expresidenta. Entre las entidades que se pronunciaron están el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea y la secretaría general de la OEA.

Esto quiere decir que el mundo está mirando, no al expresidente Evo Morales, cuya sed de venganza está más que probada, sino al presidente Luis Arce, que está rifando las credenciales democráticas de su gobierno sólo por lavar la imagen del exmandatario.

De seguir en esta línea, Arce podría ingresar más temprano que tarde en la lista de mandatarios no demócratas de la región, entre los que se encuentran Nicolás Maduro y Daniel Ortega. La única manera de esquivar este rumbo es haciendo lo que el Parlamento Europeo le sugiere: retirando los cargos políticos contra Añez, permitiendo que sea liberada e iniciando una verdadera reforma de la justicia para que, sólo entonces, las autoridades del gobierno transitorio sean juzgadas según derecho.

Y precisamente ése es el otro pedido del Parlamento Europeo: justicia independiente y retirar del Código Penal las figuras de sedición y terrorismo porque sus definiciones son muy amplias y pueden dar lugar a violaciones de los principios de legalidad.

Esta resolución es coincidente con la línea de trabajo y acción que ha tomado el Parlamento Europeo respecto a Bolivia. Recordemos que, a finales de noviembre de 2019, en otra resolución, el mismo ente colegiado habló con claridad de que en Bolivia hubo una tentativa de fraude electoral y que Jeanine Añez asumió luego de “una serie de dimisiones”. Esta entidad deliberativa no mencionó, en ningún momento,  que en Bolivia haya existido un golpe de Estado.

Estas resoluciones también están en concordancia con la actuación de la Unión Europea, que tiene una delegación en Bolivia, y que ha contribuido a la pacificación del país durante los aciagos días de noviembre de 2019, luego de haber avalado el informe de la OEA en sentido de que en el país hubo un fraude electoral en favor del MAS.

Precisamente por eso, el MAS, si pudiera, enjuiciaría y encarcelaría a algunos representantes de la Unión Europea. De hecho, algunos de sus voceros se han pronunciado en ese sentido. En todo caso, la posición oficial del partido es de rechazo a la “injerencia” sobre los asuntos soberanos de Bolivia.

La claridad con la que se expresan el Parlamento Europeo y la Unión Europea respecto a Bolivia permite abrigar la esperanza de que  no  todo  está perdido porque el mundo está mirando a Luis Arce.