La crisis política en el país se ha ido profundizando de manera sistemática, lo que ha desencadenado el debilitamiento de la democracia y de las principales instituciones del Estado. Los analistas políticos atribuyen este escenario a la visión populista del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El centro del debate en el país está puesto en el estado de la institucionalidad democrática; para el politólogo Carlos Toranzo la respuesta es contundente: “Hace demasiados años que no hay instituciones en el país. No tenemos instituciones, menos aún instituciones democráticas”.

La separación o equilibrio de poderes simplemente no existe, argumenta el analista; “en todas las instituciones no hay ‘check balence’ (control, contrapeso), no hay equilibrio de poderes. Todo lo domina el Órgano Ejecutivo”, dice al referirse al Gobierno central.

“Evo Morales era el gran alcalde, era el dueño del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y del Electoral”, afirma, para explicar que los Órganos del Estado han funcionado supeditados al poder Ejecutivo.

En esta misma línea, el politólogo Franz Flores refirió a la ANF que “hay un proceso de socavamiento de la institucionalidad de los Órganos Legislativo y Judicial, que ha terminado por debilitar sus capacidades legislativas en un caso, y en su capacidad de imparcialidad en la administración de justicia”.

Por otra parte, tanto el exdiputado Víctor Borda como el exconstituyente René Navarro coinciden en que “ha habido un desprestigio institucional de todos los Órganos del Estado” y un “resquebrajamiento”, pero que no es atribuible al Gobierno del MAS.

Citan que ese proceso viene de la época de los “neoliberales”, aunque señalan que el deterioro en este tiempo se dio con la crisis del Órgano Electoral, a raíz de la detención de los vocales sin haber sido juzgados en un debido proceso; por la quema de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y porque se “prepararon” las condiciones para sostener un “fraude electoral” inexistente, según apuntan.

La división de poderes está lejos de ser una realidad postulan Flores y Toranzo; mientras que Borda explica que, si bien la Constitución plantea esta teoría, “no habla de una independencia absoluta, sino de (una) interdependencia”, es decir, que un Órgano realiza control sobre otro, aunque en la práctica no se aplica.

Una independencia de poderes que solo se queda en la teoría, porque lo que está apareciendo es un Estado de Derecho “politizado”, acota Flores, que se produce cuando un partido con una buena votación y legitimidad termina por “colonizar o dominar” a los Órganos del Estado.

Los últimos 14 años el país ha sido gobernado por un solo partido político: el Movimiento al Socialismo al frente de Evo Morales (2006-2019). Su primera victoria en 2005 fue con el 53,7%, el 2009 alcanzó una votación de 64% y en 2014 obtuvo 63%, récords históricos de votación en democracia; el 2016 perdió el referéndum constitucional que le dijo No a un cuarto mandato; aunque el 2019 fue habilitado con base en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que señala que es un derecho humano el poder ser elegido repetidas veces, aunque sea consecutivamente.

Con esta amplia mayoría tuvo el control de todo el aparato público estatal del nivel central del Estado y los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que le permitió la gestión de normas y la fiscalización de acuerdo a la agenda de prioridades e intereses del MAS.

“Personajes que llegan con enorme popularidad a la presidencia llegan a ser presidentes gracias a la democracia, pero cuando están en el poder terminan socavando la institucionalidad democrática y de estas instituciones”, afirma el analista político Flores.

La Justicia al “ritmo” de los gobiernos de turno

Entre las gestiones 2020 y 2021, la Justicia ha mostrado su peor rostro. En este tiempo el Ministerio Público y las instituciones del Órgano Judicial se movieron como un “péndulo” que se inclinó dependiendo del Gobierno en ejercicio, lo que ha generado desconfianza en las instituciones llamadas a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre de 2019, estallaron una cantidad de procesos contra exautoridades, dirigentes del MAS y exfuncionarios del gobierno que estuvo al frente del Estado casi 14 años.

El tipo de acusaciones eran similares a las que ahora se hacen en contra de las exautoridades y exfuncionarios del gobierno de transición de Jeanine Áñez; Sedición, terrorismo, conspiración, corrupción, son las acusaciones, entre otras.

El Ministerio Público fue el actor principal en la apertura de investigaciones, incluso en algunos casos llegó a imputar a los presuntos autores de ciertos delitos. Se admitieron denuncias, se imputo; aunque después se cerraron los casos, se los declaró sobreseídos, y se dictaron otro tipo de resoluciones.

Hubo aprehensiones y detenciones, en algunos casos fueron enviados a la cárcel y en otros les dieron detención domiciliaria, pero el modo de operar del Ministerio Público y la administración de Justicia fue prácticamente el mismo en los diferentes periodos de gobierno.

La ley del Órgano Judicial establece principios “clave”; uno de ellos es la “independencia”, es decir, que la función judicial no está sometida a ningún otro Órgano del poder público; imparcialidad, que las autoridades se deben a la Constitución y a las leyes y que los asuntos de su conocimiento deben resolverse sin “interferencia” de ninguna naturaleza.

Otro principio es la “seguridad jurídica” que es la aplicación objetiva de la ley, es decir, que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y tengan certidumbre de los actos de la administración de justicia; también debe ser “idónea” que se rige por criterios ético-morales.

Principios que parecen estar lejos de la realidad. Flores argumenta que hay una tendencia al “procesamiento, encarcelamiento y persecución a exautoridades. Se arman juicios para su procesamiento, eso muestra un sometimiento del Órgano Judicial”.

De populismos

Carlos Toranzo y Franz Flores coinciden en el análisis al señalar que una causa para el socavamiento de la institucionalidad democrática es el “populismo”.

“Es un rasgo de los gobiernos populistas. Gobiernos digamos caracterizados como liberales no harían eso, el populismo es el rasgo de la política en el siglo XXI (…). Este populismo trata de debilitar cualquier poder y tipo de sistema de mediación que le implique una especie de ruido con su audiencia”, explica Flores.

En su criterio, en los modelos populistas, los sistemas de representación carecen de todo valor, es decir, que la relación entre el líder y el pueblo es directa sin mediación de poderes intermedios. “Los líderes o caudillos establecen una relación directa con lo que ellos denominan el pueblo”.

El exdiputado Borda, rebate esta visión, sostiene que en Bolivia la institucionalidad ha sido destruida por los “neoliberales”. “Si hubiera sido populista el MAS y caudillista, sin Evo Morales candidato el MAS no hubiera ganado las elecciones, lo que desmiente esa teoría”.