Los primeros tienen cercado al departamento. Reclaman regalías por el IDH y se estrellan contra la Gobernación de Santa Cruz, desconociendo que 36 de los 56 municipios aceptaron la suspensión de la redistribución de estos recursos hasta que se resuelva el pacto fiscal a escala nacional, según los documentos exhibidos por el gobierno departamental.

Solo el primer día de bloqueo se ha perjudicado a los exportadores (150 dólares por cada uno de los 150 transportistas que tenían sus camiones en las carreteras); a los pequeños productores de verduras y hortalizas de los valles que trasladan su cosecha a la capital y a otras regiones; a los avicultores que no pudieron enviar entre 50.000 y 100.000 pollos para la venta en los mercados; sin contar a los pasajeros que se trasladan de un lugar a otro. ¿Quién devuelve toda la inversión y el esfuerzo de estas personas sacrificadas cuyo trabajo genera efectos multiplicadores para todo el país?

Bloquean para repartir los exiguos recursos que recibe el departamento, pero no dicen nada cuando es evidente que faltan ítems para atender a los pacientes de los hospitales; callan frente a las carencias de servicios y de bienes que es causada porque Santa Cruz es el departamento con mayor tasa de crecimiento a escala nacional, cuyos ingresos no abastecen para garantizar calidad de vida a todos sus habitantes.
En este contexto, no se puede dejar de pensar que los alcaldes que se enfrentan a la Gobernación deberían hacer fuerza común para exigir que se valore y se dé, desde el Gobierno nacional, a Santa Cruz lo que necesita como el departamento crisol de la bolivianidad.

La Gobernación, en vez de criticar, debería extremar esfuerzos para buscar el diálogo y explicar una y otra vez la importancia de hacer equipo para conseguir mayores ingresos que permitan mejorar las condiciones del departamento en todas sus latitudes.

La Policía y el Ministerio de Gobierno tendrían que hacer cumplir el principio constitucional del libre tránsito, garantizando que las vías estén expeditas, ya que lo contrario es incumplir funciones y generar la sensación de que solo actúan cuando es el Gobierno nacional el afectado.

En el municipio, la ciudadanía ha expresado la necesidad de que exista un ordenamiento del transporte, por lo que tampoco se puede seguir permitiendo que los dueños de micros y minibuses cierren las vías principales, causando graves perjuicios a una mayoría que se esfuerza día a día por producir y alcanzar bienestar.