Dos cosas principales se deben comentar sobre la decisión del Gobierno de contratar a un grupo de personas para que trabajen en la unidad de redes sociales del Ministerio de Comunicación o, lo que es lo mismo, los “guerreros digitales” como los llama el presidente Evo Morales.

La primera es la elevada cantidad de recursos utilizados en ese proyecto. En total, informó el senador Arturo Murillo, el Estado ha destinado 7,8 millones de bolivianos, una cifra muy elevada para un país pobre como Bolivia, con tantas carencias.

Murillo reveló los salarios ganados en esa unidad, que van desde 5.000 bolivianos por mes para el mensajero, a 18.517 bolivianos para su director, Iván Canelas Lizárraga, hijo del gobernador de Cochabamba. Los “promotores”, que son aparentemente quienes hacen los memes que se distribuyen por Facebook, Twitter y otras plataformas, ganan 9.700 bolivianos, más del doble del salario promedio de un reportero boliviano.

En total trabajan en la Dirección de Redes, 27 personas, un Ejército de gente que –lo peor de todo– no se especializa sino en denostar e insultar.

Estos, sin embargo, no corresponden a un grupo de cocaleros, capacitados por el MAS en el Chapare recientemente, que también tienen como función incidir en las redes sociales. Los del Chapare, ha dicho el Gobierno, no perciben un sueldo, y ya han sido presa de numerosas críticas por sus faltas de ortografía y sintaxis. Los de La Paz, desde ese punto de vista, hacen un mejor trabajo.

El segundo punto para discutir en este tema es la utilidad de estos funcionarios, que es cercana a cero. El Gobierno cree que podrá, con insultos a los opositores, cambiar la actual tendencia de opinión de los usuarios de redes sociales. No lo logrará, por una razón muy sencilla: en las ciudades, el 70% se opone al deseo de Evo Morales de postular a un cuarto mandato y sólo un 30% tiene una imagen “muy buena o buena” de la gestión (el 70% tiene una posición neutra o contraria).

Contra esas cifras es muy difícil luchar. Pero habría que ponerse en los zapatos de estos empleados públicos: ¿Cómo podrían defender de manera razonable el viaje de Morales al Mundial de Rusia? ¿Qué tendrían que hacer para poder justificar las mentiras de las autoridades sobre la manera como murió el universitario de la UPEA? ¿Qué tendrían que hacer para justificar por ejemplo que la planta de úrea, que costó 1.000 millones de dólares, está permanentemente detenida? Su tarea es francamente imposible de cumplir. 

Y mientras tanto se gastan recursos públicos desesperadamente necesarios en otras áreas, como la salud de los bolivianos.