Recientemente Página Siete logró una hábil confesión por parte del exsenador masista Omar Aguilar, bajo el título “Tras la salida de Evo, Salvatierra pidió la renuncia colectiva de legisladores del MAS”. Aguilar además menciona que “tienen los respaldos de los mensajes de los grupos de WhatsApp de ese entonces”. Digo, tan así como para tener que aportarlos a Fiscalía para fines investigativos. 

Seguidamente, respecto al motivo de la instrucción de renuncia que efectuó Salvatierra, Aguilar confirma nuestra hipótesis sobre que los masistas decidieron premeditadamente abandonar funciones/renunciar, creyendo que con ello sabotearían el quórum para la instalación de sesiones de la ALP. Pero “les salió el tiro por la culata”, porque ellos ignoran que las sucesiones dispuestas en el reglamento y en la Constitución se operan ipso iure (de pleno derecho), es decir sin necesidad de sesión. 

En otra parte de la entrevista, Aguilar, asimismo, nos confiesa que se sentaron con quienes consideran “golpistas” a negociar, incluso, el conservar su sigla a cambio de cogobernar “en paz” con la expresidente constitucional Áñez. Prueba de ello es que él mismo declara que concertaron un paquete de leyes para que el nuevo Gobierno las promulgara (como la Ley de convocatoria a las elecciones generales).

Ahora bien, amén de otros elementos que aporta la confesión de Aguilar, me detengo a examinar su aseveración sobre que: “En esos días previos de negociación donde estaban Tuto Quiroga, Luis Vásquez Villamor, la Iglesia Católica, Adriana Salvatierra, además de los exministros Carlos Romero, Javier Zavaleta y Héctor Arce, ahí se acuerdan de Añez. Se olvidan de Susana Rivero, (‘), a ella le correspondía asumir la Presidencia antes que Añez.”  Esto último es tan falso como la “licenciatura” de Álvaro García L. 

Me explico, la exdiputada Rivero jamás fue considerada en la línea de sucesión constitucional por el simple hecho de que había abandonado funciones/renunciado, se había metido a una embajada (junto con la traidora Salvatierra et al.); es decir, había abandonado territorio boliviano con intenciones de asilo, refugio (proyecto de vida) en otros países. 

Para seguir brindando lecciones sintéticas de derecho parlamentario, diseccionamos las siguientes hipótesis:

1) En el hipotético caso de que Susana Rivero se hubiera mantenido en el cargo como primera vicepresidente de Diputados en lugar de fugar, mientras la doctora Áñez siguiera como segunda vicepresidente del Senado, ella siempre hubiera sido preferente para suceder en la Presidencia del Estado a la luz del Art. 169.I CPE, y del Art. 41 inc.a) del Reglamento del Senado. 

2) Si Víctor Borda hipotéticamente no hubiera abandonado el cargo, mientras la doctora Áñez siguiera ejerciendo como segunda vicepresidente del Senado, ella también hubiera sido preferente a suceder en la Presidencia del Estado a la luz del Art. 169.I CPE, y del Art. 41 inc.a) del Reglamento del Senado.

La preferencia sucesoria siempre recae en la Cámara Alta en tanto su directiva no se agote. 

3) Y en el hipotético caso de que la doctora Áñez hubiera renunciado, se les recuerda que, en Diputados todavía estaba en línea sucesoria la exdiputada Margarita Fernández (UD).

Ergo, como no renunciaron las por entonces segundas vicepresidentes del Senado y de Diputados, Áñez y Fernández, respectivamente, estaban legalmente habilitadas a suceder ipso iure sin necesidad de sesión, renovación de directiva o resolución alguna -según Reglamento y por el principio de continuidad- en las presidencias de ambas Cámaras. Simple. 

Finalmente, no está demás decir que los reglamentos del Senado y de Diputados siempre contemplan las segundas vicepresidencias de cada cámara para los bloques políticos por minoría, que en 2019 correspondían a UD. Y para cuando se operan sucesiones camarales, ya sea por ausencia temporal o impedimento definitivo, los reglamentos no reparan en que la suplencia o sucesión recaiga en alguien del mismo partido del bloque mayoritario.