Minutos antes de las 5 pm., del lunes 8 de enero de 2007, Philip Goldberg, el último embajador de EEUU en Bolivia, enviaba un cable al Secretario de Estado y al Departamento de Justicia de su país, reportando haber recibido la visita del presidente de la entonces Corte Nacional Electoral (CNE), Salvador Romero Ballivián, que buscaba expresar al diplomático su “preocupación por los intentos del gobierno de Evo Morales para cooptar la independencia del organismo electoral”.

Durante su reunión, el titular de la CNE habría revelado a Goldberg que el 22 de diciembre de 2006, apenas dos semanas antes de esa conversación, Evo Morales, que entonces cumplía el primer año de su primer mandato presidencial, sugirió a Romero precipitar su renuncia al organismo electoral. “Renunciar y vivir sin complicaciones o ser sustituido por decreto”, fue la apelación textual, según reseñó Wikileaks en una de las miles de comunicaciones diplomáticas estadounidenses interceptadas y hechas públicas en 2009 por el movimiento por la transparencia informativa global de Julian Assange.

Probablemente lo que decidió a Goldberg a reportar a su Gobierno los pormenores de una reunión ocurrida tres días antes (el 5 de enero de 2007) fue otro evento político sucedido ese día en Cochabamba, donde Morales había desatado la brida de sus sindicatos de productores de coca para asediar la opositora gobernación de Cochabamba. El palacio de la gobernación todavía ardía mientras el reporte era faxeado a Washington DC, a la sede del Comando Sur en Miami y a las legaciones estadounidenses en Caracas y Quito.

El cable ID: 07LAPAZ38_a, clasificado como confidencial, refiere también que Romero habría expresado su intención de mantenerse en el cargo “hasta cumplir su mandato”, lo que honró un año más tarde. En enero de 2008 Morales cumplió su amenaza y reemplazó a Romero por José Luis Exeni que ejecutó el referéndum revocatorio que consumaría lo que la milicia cocalera falló en hacer: Deponer al prefecto Reyes Villa que rehusó someter su mandato a ese instituto inconstitucional.

En una apostilla al cable, el embajador Goldberg destacaba que las “nada sutiles” presiones de Morales para imponerle la renuncia al presidente de la Corte Electoral eran “consistentes con los esfuerzos de su gobierno para recomponer órganos independientes del estado y el Judicial, tornándolos en instituciones más obedientes”. Para el diplomático, Morales lo hacía “sin duda” anticipando un posible referéndum más tarde ese año para aprobar su nueva Constitución.

Trece años más tarde y bajo similares circunstancias –a cargo del Tribunal Electoral en medio de una transición política volátil y presionado por Evo Morales que busca adelantar elecciones y volver al poder–, Salvador Romero Ballivián renuncia precozmente al cargo de presidente del Órgano Electoral Plurinacional.

La suya fue una gestión sin gloria, que será recordada por sus escasos esfuerzos para atacar los problemas estructurales de la crisis institucional electoral, como la urgente depuración de un Padrón Electoral contaminado por la duplicidad y la adulteración de sus bases de datos, además de fallar en restituir, a tiempo para las subnacionales, el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) que él mismo había suspendido durante las elecciones generales más controversiales de la historia contemporánea.

Aun así, he de coincidir con quienes sostienen que, incluso con más sombras que luces, Salvador Romero fue sin duda el menos nocivo de una era de interventores que cancelaron la independencia del Órgano Electoral y lo rindieron al capricho del régimen cocalero. Tampoco tiene caso discutir que sus dimisiones han sido, sin excepción, el preludio del advenimiento de sucesos y personajes mucho peores.

El autor es consultor y analista político