La Fiscalía imputó al alcalde electo de La Paz, Iván Arias, mientras que cuatro autoridades subnacionales electas inician sus gestiones con procesos pendientes.

Son el alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y los electos gobernadores de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; de Chuquisaca, Damián Condori, y de Tarija, Óscar Montes.

Arias fue imputado el lunes por la Fiscalía por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, y uso indebido de influencias cuando ejerció como titular de la cartera de Obras Públicas. El Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas y arraigo para el acusado y no detención preventiva.

Johan Muñoz pidió que un juez ordene a Arias el pago de una fianza de Bs 30.000 y prohibición de abandonar La Paz y que se le prohíba acercarse al Ministerio de Obras Públicas o comunicarse con los procesados.

Eddy Glen García, según la acusación, “sin cumplir los requisitos indispensables”, fue puesto en el cargo de director del Centro de Comunicaciones de La Paz en enero de 2020. Entre la documentación que presentó el denunciante, está que García no contaría con el título académico y profesional requerido para el cargo por parte de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La designación ilegal también ha llevado a proceso a la exministra María Elba Pinckert, quien salió del país.

“La Fiscalía citó a la exministra Pinckert por un caso de supuesta designación ilegal, mientras el presidente Luis Arce designó ilegalmente al procurador, Wilfredo Chávez, porque no cumple el requisito de no haber patrocinado como abogado a un particular en contra del Estado hasta cinco años antes de su designación”, reclamó el diputado por Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón.

El legislador complementó que el procurador Chávez se escondió detrás de los legisladores del MAS que, por el encubrimiento del vicepresidente David Choquehuanca, “nunca quisieron convocar a la sesión de observación, pese a pedidos expresos para que se la convoque de parte mía y de la senadora Centa Rek, de Creemos”.

El año pasado, Alberto Javier Morales dejó el cargo de Procurador luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) notificó a la presidenta Jeanine Áñez sobre la resolución que la mayoría del MAS aprobó para objetar su designación.

La autoridad, que había lanzado varias revelaciones sobre el candidato del MAS, Luis Arce, por movimientos económicos millonarios, y respecto al fraude en las elecciones de 2019, se fue con el mismo argumento que debiera impedir que Chávez siga en el cargo: haber sido el promotor, como abogado litigante, de juicios en contra del Estado.

Con respecto a Iván Arias, el documento también señala que existe peligro de fuga, porque el alcalde electo no contaría con ninguna actividad lícita debidamente acreditada, ni con domicilio estable y que, al no existir un arraigo natural, habría riesgo procesal. Sin embargo, es de conocimiento público que el 3 de mayo asumirá como alcalde de La Paz. Además, el documento indica que existe peligro de obstaculización.

A partir de la imputación, la justicia deberá fijar fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares del alcalde electo.

El gobernador electo cruceño, Luis Fernando Camacho, es acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por la movilización de los 21 días que provocaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales, acusado por fraude electoral. Según las autoridades del MAS, se trató de un golpe de Estado.

Otra autoridad que el 3 de mayo asumirá la Alcaldía de Cochabamba con una mochila pesada es Manfred Reyes Villa, porque tiene 15 procesos en su contra que la Gobernación inició hace 10 u 11 años. Todos se encuentran en la fase final, recordó en época electoral el director de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación, José Gutiérrez

“Hay cinco que tienen sentencia, pero fueron apelados. Hay otros cinco a la espera del juicio oral y unos cinco que están con recursos pendientes de resolver”, precisó la autoridad.

Otros casos

Las elecciones subnacionales se realizaron el 7 de marzo. El 11 de abril fue la segunda vuelta y el MAS perdió en seis de las nueve gobernaciones.

Una de ellas fue la de Chuquisaca, en la que se impuso Damián Condori. El 25 de noviembre de 2015, la Fiscalía amplió las investigaciones contra el exdirigente campesino por el caso del traspaso de recursos del Fondo Indígena a las cuentas privadas de dirigentes. Dos días después, en tiempo récord, lo aprehendieron y enviaron a la cárcel.

Lo imputaron por incumplimiento de contrato y por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por dos proyectos del exFondo Indígena.

Condori recibió en 2014 poco más de Bs 1 millón destinados a dos proyectos. Uno sobre el apoyo y fortalecimiento de gestión de proyectos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y el otro sobre la implementación de unidades operativas para acompañamiento de la década productiva comunitaria, reportó el diario capitalino Correo del Sur.

El proyecto de apoyo y fortalecimiento de gestión por Bs 600.000 no se ejecutó, porque su mandato terminó. Mientras que el proyecto de implementación de unidades operativas para acompañar la década productiva por Bs 596.800 se ejecutó, pero existió un saldo de Bs 41.995.88, porque un consultor incumplió su labor.

El 3 de abril de este año, el Ministerio Público aceptó abrir un caso por estafa presentado por el ciudadano Sebastián Gallo contra Condori. “Los señores fiscales me han dado cobertura para que se pueda proceder con la demanda por estafa contra el señor Damián Condori y dos señores más que están implicados”, anunció. Dijo que la decisión le fue comunicada la mañana del viernes.

El caso se remonta al año 2015, cuando Condori, exdirigente de la Csutcb, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz por el presunto delito de incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito.

Según Gallo, un año después sus colaboradores Agustín C. M. y Miguelina E. le pidieron ayuda para el pago de la deuda presuntamente contraída, para lo cual él hipotecó su casa por un monto que no le fue devuelto.

Dijo que, en primera instancia, la Fiscalía había rechazado su demanda, pero finalmente fue aceptada con base en audios de conversaciones que entonces sostuvo con los implicados.

El gobernador electo por Tarija, Óscar Montes, repudió el abuso del Gobierno central por el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, a través de una manipulación de las instituciones, como la Fiscalía y el órgano judicial, sin respetar la independencia de poderes en el país.

Sin embargo, también iniciará su gestión con esa amenaza, porque La Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc), presentó en el año 2013 una denuncia que indica que la Alcaldía que él dirigió habría expropiado de manera directa unos terrenos sin que los miembros del Concejo autorizaran tal acción, cometiendo el ilícito de resoluciones contrarias a la ley y conducta antieconómica.

Fue acusado por pedir $us 2 millones para mover la justicia a favor de una cooperativa. El representante legal de Cosett, Freddy Galarza, denunció que hubo pedido de dinero por parte de Óscar Montes para que el proceso sea ganado en primera instancia contra una empresa de telecomunicaciones.