El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de un proyecto de ley, busca crear una “Certificación de Aproximación de Resultados de Encuestas Preelectorales”, que  será uno de los  requisitos para que las  encuestadoras  se habiliten para hacer estudios de opinión electorales.   

Desde la oposición afirman que el objetivo del oficialismo es tener el control sobre la publicación de encuestas  y evitar que se publiquen las que tengan resultados que no convengan al partido azul.

Se trata del proyecto de ley número 128 “para la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato”, que presentó el 9 de marzo el diputado Renán Cabezas (MAS). Consta de 22 artículos y dos disposiciones transitorias.

El artículo 8 de ese documento señala: “El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático Sifde, otorgará la Certificación de Aproximación de Resultados de Encuestas Preelectorales previa solicitud de la misma”.

El inciso h) del artículo 9, sobre  el registro y habilitación de  las firmas  encuestadoras, señala que “la empresa especializada, medio de comunicación, institución académica” debe presentar dicha certificación  para ser habilitada. 

Al respecto, la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC),    indicó a este matutino que con este proyecto el oficialismo busca “controlar todo” para evitar que haya resultados de encuestas “no favorables al MAS”. 

Sostuvo que técnicamente es discutible la intención de pedir esa certificación, porque los resultados de una encuesta y los resultados oficiales “fotografían” momentos distintos.

“Las encuestas van fotografiando momentos distintos. Puede ser que en el silencio electoral y los otros días ocurra algo en las noticias,  ¿y porque los resultados no coinciden resulta que la empresa no merece esa certificación? Son asuntos que esa empresa podría no controlar o podría ser también mala calidad del estudio”, dijo.

Gonzalo Lema, ex vocal electoral,  observó que dicho artículo no es preciso, porque no explica qué sucede cuando se trata de una encuestadora nueva. “Si es una empresa antigua, claro que tiene que demostrar que hace un trabajo profesional con el trabajo que realizó en la última elección, pero si es una empresa nueva, ¿estará exenta de dicha certificación? Eso no lo sabemos”, expresó  Lema.

En todo caso, manifestó  que el TSE debe exigir la mayor profesionalidad a las empresas encuestadoras, porque los estudios de opinión   forman parte de los instrumentos de la campaña en un proceso electoral.

Este proyecto de ley se presentó “a demanda de la población”, aseguró el diputado Cabezas a Página Siete y argumentó que “se han publicado encuestas que tenían mucha diferencia con el resultado final”. Sostuvo,  por ejemplo,  que en las elecciones generales, las encuestadoras  daban al MAS el 30%  de preferencia electoral, y terminó ganando con el 55,1%.

“Son 25 puntos porcentuales de diferencia entre la encuesta y el resultado final (…). Ellos saben que con las encuestas pueden manipular las elecciones, pueden hacer que el elector indeciso  no vote por nosotros; por eso hemos elaborado este proyecto de ley”, aseguró  Cabezas.

En respuesta, el diputado Alberto Astorga,  de CC, afirmó que lo que ahora pretende el MAS es “controlar” a las empresas encuestadoras después de que en los últimos procesos electorales el partido  oficialista  viera  reducida su preferencia electoral.

“Cuando Evo Morales estaba en la presidencia y las encuestas le daban la victoria al MAS, ningún dirigente ni diputado del MAS observaba a las  encuestadoras, pero ahora en las subnacionales de este año, cuando las encuestadoras dijeron que el MAS iba a perder en la mayoría de las ciudades, se convierten en enemigas del MAS y del Gobierno”, afirmó  el legislador.

En cambio, para Fernando Castedo,  ex vocal electoral,  si una encuestadora presenta resultados erróneos de forma reiterada,  debería haber una norma específica que regule este tema y amoneste a la empresa. “Yo creo que más que una ley (se necesita) un reglamento para exigir seriedad y responsabilidad en esta materia porque no hay en este momento. Hasta ahora nunca se ha observado ni sancionado a reiteradas empresas que han hecho este trabajo y que han tenido muchos errores”, afirmó Castedo a título personal.

Centa Rek, senadora de Creemos, observó que todo el proyecto de ley “no es claro”. Sin embargo, indicó  que lo que busca el MAS es controlar la elaboración y difusión de encuestas. “Puede generar mayor poder en el MAS, incluso en la etapa preelectoral. No se puede hacer alegremente una ley de esta naturaleza teniendo las experiencias de pasadas elecciones con resultados no confiables y con el antecedente de un fraude comprobado”, afirmó Rek.

Punto de vista

 Gonzalo Lema  Ex vocal electoral 
“El OEP debe involucrarse”

Llama la atención que se presenten proyectos de ley prácticamente sin el conocimiento de las instancias específicamente involucradas. 

Es importante advertir  que el Órgano Electoral debe reaccionar frente a las noticias y apersonarse con toda la autoridad que tiene porque es un Órgano del Estado, e inmediatamente involucrarse en el debate de la ley y aportar con su experiencia,  porque es el único que tiene experiencia en estos temas y que regula facultado por la ley.

En este caso de manera específica, los legisladores deberían consultar la experiencia del sector o de la institución donde se va a aplicar la ley a ser tratada. El Órgano Electoral tiene una experiencia acumulada inmensa debido a tantas elecciones nacionales y subnacionales,   por lo tanto  no puede estar ausente.  Tiene que estar presente con o sin invitación, tiene que apersonarse al debate cuando lo haya,  o manifestar su interés de participar en el debate previo.

En términos generales,  el Órgano Electoral está obligado a exigir la mayor profesionalidad de las empresas encuestadoras,  porque la encuesta en general forma parte de los instrumentos de campaña electoral.

Si aceptamos la necesidad de tendencias de opinión política o encuestas en el momento previo a las elecciones, tenemos que garantizar que éstas sean profesionales, que tengan una cobertura mínima indispensable y que de verdad ausculten a los formadores de opinión política que tenemos en nuestra sociedad.