Durante la semana pasada, el Justicia y la Fiscalía emitieron tres fallos a favor de autoridades y militantes del MAS; entre ellas están la decisión de rechazar el pedido de nulidad del fallo a favor de la reelección indefinida de Evo Morales y la desestimación de los procesos en contra del presidente Luis Arce y de la exdiputada Lidia Patty (MAS).

Estos rechazos a la demanda y a los procesos desataron, de parte de los demandantes, una serie de críticas, debido a que, en al menos dos de ellas, incluso hubo irregularidades en los procedimientos. 

El primero de los fallos sorprendió a los demandantes el miércoles 21 de abril, cuando ellos asistieron a una audiencia de amparo en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) precisamente para exigir un pronunciamiento sobre la demanda de nulidad que la Sentencia Constitucional Plurinacional 084/2017, presentada en noviembre de 2019, que avaló la repostulación indefinida de autoridades electas, una demanda que fue interpuesta para que Morales se repostule.

Esa sorpresa se dio porque ese miércoles se enteraron que el TCP ya había rechazado su demanda en diciembre de 2019, a poco más de un mes de su presentación, pero que lo notificó recién el martes, un día antes de esa audiencia, después de casi 15 meses.

El abogado Arturo Yáñez, uno de los demandantes, identificó al menos tres irregularidades en este caso: el plazo de la notificación, pues esta acción debía ser realizada después de 24 horas de emitido el fallo, o sea en 2019; el incumplimiento de otro plazo, esta vez del recurso de amparo presentado en octubre de 2020, que debía ser tratado en las siguientes 48 horas; y la emisión de la notificación el 22 de abril por cedulón, no por correo electrónico, casi al final del plazo para enfrentar la audiencia de amparo, después de 6 meses.

La petición de nulidad fue presentada el 22 de noviembre de 2019 por Róger Cortez, Juan del Granado, José Antonio Santibáñez, William Herrera, William Bascopé, Rubén Darío Cuéllar, Manuel Añez, Arturo Yáñez y Rafael Humberto Subieta.

Yáñez resaltó que el fallo del TCP conocido el martes no es un pronunciamiento sobre “el fondo” de la petición de nulidad de Sentencia Constitucional Plurinacional 084/2017, pues los magistrados se salieron “por la tangente”, al observar que los demandantes no tenían “legitimación activa”. Por ese motivo anunció que esta semana presentará una reformulación de la demanda.

Las otras dos decisiones cuestionadas corresponden a actuaciones de la Fiscalía. En una de ellas, el diputado José Carlos Gutiérrez (Creemos) afirmó que el rechazo del Ministerio Público al proceso judicial interpuesto en contra de la exdiputada Lidia Patty (MAS) significa que se acepta que no hubo “golpe de Estado” en 2019, una teoría que es la base del oficialismo para enjuiciar a la expresidenta Jeanine Añez y a exautoridades del gobierno transitorio.

El 30 de marzo, una decena de diputados de la alianza Creemos presentó una demanda penal en contra Patty, quien exigió el polémico juicio denominado “golpe de Estado”. Acusó a la exlegisladora de cometer los delitos de incumplimiento de deberes, prolongación de funciones, beneficios en razón del cargo y conducta antieconómica.

“Si la Fiscalía está rechazando nuestra denuncia, significa también que no hubo golpe de Estado (en 2019) porque nuestra denuncia es contra la señora Lidia Patty, diciendo que ella se prorrogó en el cargo, si hay un rechazo para investigar este tema, significa que la prórroga de mandato no existió y que es constitucional el mandato de Patty, significa que no hubo incumplimiento de deberes y que no hubo conducta antieconómica y que todo fue constitucional y no hubo golpe”, explicó Gutiérrez.

Pero al margen de la determinación, el asambleísta expresó su preocupación por este caso, debido a que ve una “parcialidad” del Ministerio Público a favor de Patty, ya que la información sobre el rechazo a esta demanda fue hecha conocer por la defensa de la exdiputada el jueves, siendo que hasta el viernes, un día después, la parte denunciante aún no había sido notificada.

Gutiérrez, además, anunció para esta semana un análisis para ver si presentan un replanteamiento de la demanda en contra de Patty, debido a que después de ser notificados, pueden cumplir con esa tarea en un plazo de 72 horas.

La tercera decisión judicial, la segunda del Ministerio Público, se dio en Tarija. El fiscal departamental de esa región, Wilson Tito, informó el viernes que el Ministerio Público desestimó la denuncia en contra del presidente Luis Arce Catacora por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, racismo y discriminación, una demanda que fue presentada por diputados de Comunidad Ciudadana (CC).

La demanda fue interpuesta por los diputados Adrián Vega Gandarillas y Luciana Campero a raíz de que el Mandatario indicó en la capital tarijeña que el Gobierno envió vacunas anticovid para el pueblo de Tarija y no para la “oligarquía” de la región.

Según Tito la denuncia presentada por los legisladores no cumplía con los requisitos de fondo que está establecidos en la norma, motivo por el que la oficina de análisis decidió desestimar la causa. 

“Nosotros tenemos una oficina de análisis que revisa los requisitos legales y formales, donde esta causa ha sido desestimada porque existe una norma para el procesamiento a las autoridades, y dicha denuncia no se enmarca; llama la atención que siendo legisladores lo hagan de esta manera. Tiene serias observaciones esta denuncia”, sostuvo Tito.