Las nuevas autoridades regionales recibirán  alcaldías y gobernaciones en crisis presupuestaria. El reto de lograr la gobernabilidad equilibrando fuerzas en los órganos legislativos y logrando acuerdos con el Gobierno se complementará con  auditorías a las gestiones salientes. 

“No va a ser nada fácil para las autoridades que están asumiendo poder cumplir con sus promesas electorales, porque se van a topar con un escenario que, en términos presupuestarios, es completamente adverso a las aspiraciones electorales que tenían”, señala el politólogo Marcelo Arequipa.

Nueve gobernadores y 339 alcaldes electos en municipios asumirán sus cargos el próximo 3 de mayo, para ejercerlos durante cinco años, después de ganar las elecciones subnacionales del 7 de marzo y los balotajes en cuatro regiones, el 11 de abril.

“El sello de las autoridades que van a asumir los municipios y gobernaciones va a ser el estado presupuestario de éstos, que es malo”, dice Arequipa. Anticipa que  alcaldes y gobernadores  salientes explicarán la situación  con   la crisis económica producto de la pandemia y la disminución de los ingresos que reciben por coparticipación tributaria.

Pero hay otros factores que dificultan el escenario para las nuevas autoridades. En el caso de Cochabamba, el burgomaestre electo Manfred Reyes Villa señala que la situación del municipio es crítica. “Tenemos una deuda flotante de 550 millones de bolivianos”, informa a Página Siete.

En los últimos seis años de cambios constantes de autoridades ediles e inestabilidad se perdió documentación. Esto hará que la transición sea compleja.  “Nosotros tenemos las comisiones trabajando, pero lamentablemente ni siquiera la gestión actual que acaba de tomar nuevamente la alcaldía tiene la información”, dice Reyes Villa.

Ante esta situación determinó solicitar una auditoría externa.  “Yo no estoy entrando a hacer daño a nadie, pero sí, en su momento, una vez que se termine la auditoria, vamos a ver quiénes son los responsables”, asegura.

El presupuesto de la Alcaldía cochabambina es de 1.700 millones de bolivianos, como techo presupuestario. “Sin embargo, con esa deuda, es muy poco lo que va a haber en caja y bancos para poder avanzar este año”, explica.

Como  solución, manifiesta que dará prioridad a áreas urgentes. Por ejemplo, salud, puesto que Cochabamba fue una de las ciudades con más decesos  en la pandemia.

“El municipio vuelve a tener un alcalde con mayoría,  siete concejales. Esto nos permite tener la gobernabilidad y la estabilidad que necesita”, afirma Reyes Villa.

En el caso de La Paz, el burgomaestre  electo, Iván Arias,  informó que hereda una alcaldía con  un “hueco” presupuestario de  411 millones de bolivianos. Se trata de pagos a  empresas municipales y privadas, sostuvo en un comunicado. Ante esto, aseguró que los problemas “serán resueltos paulatinamente” y garantizó “la continuación de los servicios que los ciudadanos requieren”.

El burgomaestre saliente, Luis Revilla, aseguró que no es su gestión la  que está dejando el hueco, si no que éste es causado por la crisis económica. “Según los datos proporcionados por el propio Gobierno nacional, las recaudaciones del Estado del primer trimestre de este año son la mitad en comparación al primer trimestre del año pasado”, explicó. Remarcó que debido a la crisis por la pandemia la gente no paga sus impuestos.

 El alcalde electo  Arias también observó que el gobierno municipal tiene  una excesiva cantidad de funcionarios, cerca a 9.000 . Al respecto,  Revilla  aseguró que esos cargos son necesarios. “Si en tres meses (de la gestión de Arias como alcalde) siguen ahí los funcionarios, alguien se va a tropezar con sus palabras”, comenta.

  Al respecto, el investigador social Carlos Hugo Molina aclara que los  presupuestos de gobernaciones y alcaldías  fueron hechos con base  en  una proyección. Éstos no incluyen los  gastos  urgentes, como los  de sostenimiento administrativo y la ejecución de obras. “Muy probable  que la estimación que ha hecho el ministerio no esté ajustada a la realidad de  este momento. Todas las autoridades van a tener dificultades a la hora de ajustar recursos”,  adelanta.

Para Molina, auditar las gestiones salientes “es una garantía mínima para  establecer responsabilidades de todo lo que se ha hecho en las regiones subnacionales”.

En el  caso de la Alcadía de Santa Cruz, se suma el conflicto de gobernabilidad. Las  subnacionales dejaron dos bloques fuertes: UCS,  de Johnny Fernández, que consiguió la victoria con 35,41%   tiene cuatro concejales y CC-A que quedó en segundo lugar con 34,72% también logró cuatro curules. Serán necesarios pactos. 

En su acreditación, Fernández sostuvo que  analizará la utilidad de algunas de las secretarías ediles, aunque afirmó que evalúa crear nuevas áreas.
 
En un escenario marcado por el tema económico
Acuerdos con el gobierno, el desafío para  opositores electos

 Ante la crisis, las nuevas autoridades subnacionales  buscan responsables y sus antecesores son la primera respuesta. Además, deberán  establecer negociaciones con el Gobierno central, aunque sea de una ideología distinta a ellos, coinciden los analistas.

 “La pelea de estas autoridades va a ser con sus antecesores, sean del partido que sean. La discusión de Arias con  Revilla no se va a terminar ahí.  La discusión que vaya a tener Jhonny Fernández con Angélica Sossa, sobre el tema presupuestario, tampoco. O Manfred Reyes Villa con José María Leyes y todos los demócratas. Van a seguir todavía en el debate de la opinión pública”,  señala el politólogo Marcelo Arequipa.

El nuevo escenario poselectoral está determinado por el tema económico. Analistas indican que las disputas  deberán resolverse con negociaciones.

En el caso de  El Alto y La Paz, tanto Eva Copa como Iván Arias observaron  que las autoridades salientes firmaron contratos  hasta  fines de sus gestiones y que esto limitara su  presupuesto.

 El experto en temas municipales Julio Linares  coincide en que los procesos de transición son complejos, más desde el ámbito político que técnico. “Hay celos de entregar  la información cuando hay cambios en tiendas políticas en la administración entrante. Es decir, que tienen tendencias diferentes a la saliente”, dice.

Explica que hay preocupación en los alcaldes salientes sobre “que puedan otorgar alguna información que luego se convierta en procesos administrativos, auditorías y procesos legales”. Esto se agrava dado que los gobiernos entrantes se reciben con menores recursos y  proyecciones menos positivas que los salientes. 

Los analistas coinciden en que el  otro escenario de negociación debe ser con el Gobierno. Dado que en la primera vuelta las fuerzas opositoras al Movimiento Al Socialismo ganaron en  las regiones de Santa Cruz y Beni, y el MAS se anotó triunfos en Cochabamba, Potosí y Oruro. Mientras que con los resultados de la segunda vuelta derivaron en   que el MAS se quedó con tres gobernaciones y la oposición,  con seis.

Según el analista Arequipa, el Gobierno nacional tiene una ventana de oportunidad para negociar “de forma un poco más inteligente con las autoridades nacionales”. El objetivo es una mejor gobernabilidad.

Señala que hay tres formas para esa negociación: primero, con  partidarios del MAS, alcaldes y gobernadores que  han sido electos. Segundo, con autoridades que han sido disidentes del partido azul. Aquellos que salieron hace poco, como Eva Copa, quienes “no son antimasistas, simplemente tienen cierta crítica al partido”. Finalmente, el Gobierno nacional debería negociar con el grupo  de oposición al MAS, “los antimasistas”.

 “Creo que más que enfocarse en controlar asambleas departamentales, concejos municipales, el Gobierno ahora mismo tiene una posibilidad importante de generar un escenario de gobernabilidad, en la medida que el tema presupuesto sea el eje central de esto”, recalca Arequipa.

Respecto a las diferencias políticas, el investigador social Carlos Hugo Molina asegura que según los principios democráticos deberían existir acuerdos de gobernabilidad. 

“Desde el punto de vista teórico no debería haber ninguna dificultad en que existan autoridades de diferentes signos políticos, porque esa es la riqueza que tiene la democracia. Pero en Bolivia eso está adquiriendo carácter de conflictividad. Debería ser superado definitivamente”, señala Molina.