Como en este país todo pasa por el tamiz mezquino de la política, la postergación del Censo ha sido encarada como un elemento más de pugna, a la que no escapa  la injustificada explicación del gobierno de postergar la realización del Censo de Población y Vivienda, planificado para el próximo año, hasta 2024.

Los censos poblacionales son una inestimable fuente de datos y orientaciones esenciales para definir políticas públicas, para entender procesos de movilidad social y para analizar perspectivas de desarrollo de un país. Estas encuestas nacionales se deben realizar cada 10 años, de manera que el país cuente con datos actualizados y precisos para la toma de decisiones en las diferentes áreas del desarrollo y este es un aspecto que le debe interesar a quien hace gestión por encima de todo (es decir al gobierno).

Pero, como si no hubiese mayor motivo de preocupación, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que existen demoras en la preparación del nuevo Censo y que el mismo se realizará mínimamente en 2024. Según el director de esta entidad, Humberto Arandia, ha habido retrasos por la pandemia, la inestabilidad de autoridades del instituto y la falta de coordinación; señaló que la gestión 2020 fue perdida y que en la medida en que se cumplan las condiciones económicas, financieras y logísticas, se podría hablar de hacer el Censo en tres años y medio.

Culpar al cambio de autoridades y al gobierno de transición es una buena excusa, pero no parece del todo satisfactoria, entendiendo que queda más de un año para subsanar cualquier dilación. Además de haber un retraso, ¿por qué debiera ser de dos años más de la fecha acordada (2022)? 

Ante la posibilidad de esta postergación, el presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Roberto Bohórquez, manifestó que si el INE lo solicita, las universidades podrán ayudar a realizar el Censo, para lo cual dispondrán de personal. Sostuvo que al menos tres universidades públicas del país tienen la carrera de estadística y  han coadyuvado en este tipo de procesos. “Hay gente preparada en este tema. Hay también carreras afines que pueden realizar este trabajo”, dijo la autoridad universitaria.

Ante el desaprensivo anuncio, inmediatamente saltaron las autoridades electas de Santa Cruz, el departamento con más crecimiento poblacional en el país. Las estimaciones del propio INE para la presente gestión, dadas a conocer recientemente, señalan que el departamento más poblado de Bolivia con 3.363.400 habitantes es Santa Cruz, seguido por La Paz con 3.023.800, Cochabamba 2.086.900, Potosí 907.700, Chuquisaca 654.000, Tarija 591.800, Oruro 548.500, Beni 507.100 y Pando 158.700.

Tanto Luis Fernando Camacho como Johnny Fernández, electos gobernador y alcalde de Santa Cruz, respectivamente, se declararon en emergencia, puesto que consideran que con los nuevos datos se debe reconfigurar la asignación de recursos. Y es correcto, los departamentos y municipios tienen obligaciones que deben ser cubiertas con recursos de la coparticipación tributaria, con base en  los datos de población del Censo. 

El gobierno se ha apresurado a declarar que el tema de la postergación no es más que una “sugerencia” del INE y que aún está por definirse la fecha de dicho proceso y cuánto se podría posponer. Pero, lo cierto es que claramente el gobierno tiene la intención de darle largas al asunto. Principalmente por su vocación centralista y hegemónica, que le hace preferir el control de los recursos -más aún ahora que las principales gobernaciones y alcaldías son opositoras-.

Como decimos, todo se reduce a esas pulsetas políticas tan predecibles, mientras que el país ve resignada una posibilidad de estar en la vanguardia de sus propios datos, características y necesidades, tan importantes para diseñar las políticas públicas que necesita; lo mismo que las regiones con más población, cuyo derecho a tener más recursos es legítimo.     

El gobierno debe priorizar la realización del Censo y no poner excusas que no vienen al caso.