Bolivia, desde su fundación sobre la base de las cuatro provincias alto peruanas, que formaron la Real Audiencias de Charcas, tuvo un tema irresuelto que nos acompañó durante 180 años de nuestra vida republicana; la organización territorial, el fuerte debate entre centralistas y federalistas, fue una constante durante casi dos siglos y fue usado como excusa para la movilización y la asonada militar en más de una ocasión. Basta recordar los debates entre Lucas Mendoza de la Tapia y Evaristo Valle, en el siglo XIX.

El tema del federalismo fue utilizado por los liberales encabezados por José Manuel Pando para derrocar los veinte años de hegemonía conservadora en la denominada Revolución Federal de 1899.  Bajo este argumento Pando había hecho tres grandes promesas para conmocionar al país y lograr acabar con el conservadurismo del Presidente Severo Fernández Alonso, las tres terminarían en graves traiciones. 

La primera promesa fue el convertir al país en un Estado Federal, concluido el enfrentamiento, Pando archivó la reforma en la Asamblea que se formó en diciembre de 1989, con el voto dirimidor de Lucio Pérez Velazco. Los liberales se habrían opuesto tenazmente a que los denominados Tratados de Transferencia, suscritos con Chile, el año 1895, que  eran favorables para Bolivia; ellos planteaban la recuperación del litoral boliviano por la vía de las armas. Una vez en el poder, paradójicamente, fue el liberal Ismael Montes quien suscribió el  ignominioso Tratado de 1904, así se consolido la segunda traición de Pando y de los liberales.

Finalmente, la traición más grande fue, sin duda, contra los indígenas que, encabezados por Pablo Zarate Wilca, fueron utilizados para los fines políticos de los liberales. No se les concedió las reivindicaciones prometidas y, a más de ello, “Zarate el temible Vilca” fue asesinado en su traslado de Oruro a La Paz, dizque en plan de fuga. 

El 11 de enero de 1931 se dio en Bolivia un hecho sin precedentes, por primera vez en nuestra historia se llevó adelante un “Referéndum Popular”;  en dicho acto democrático inédito se aprobó, junto con otras ocho reformas importantes, la descentralización político administrativa del Estado; sin embargo, esta reforma fue la única postergada por el Presidente Daniel Salamanca, supuestamente por la inminencia de la guerra con el Paraguay. Nuevamente Bolivia mantenía un sistema de organización territorial fuertemente centralista, con la secuela negativa que eso implicaba.

En la década de 1970, la legítima lucha por las regalías petroleras departamentales encabezada por el departamento de Santa Cruz mostró, una vez más, la urgencia de una reforma en la organización territorial de la nación. Décadas más tarde, la reforma constitucional de 1995 aprobó una tímida y escueta reforma que establecía una falaz descentralización administrativa, de la cual derivó la Ley 1654, que hizo un remedo absurdo de descentralización, que no implicaba facultad legislativa para los departamentos, menos elección democrática de autoridades departamentales, manejo efectivo de sus recursos y mucho menos competencias y facultadas concretas.

Así planteadas las cosas, era obvio que este tema tendría una gran relevancia en el proceso constituyente refundacional que vivió Bolivia el año 2006. Empero más allá del legítimo reclamo planteado, el tema fue abiertamente utilizado una vez más para enfrentar oriente y occidente con fines políticos poco claros de las elites que tradicionalmente habían gobernado la nación y que no aceptaban un cambio proveniente de un gobierno indígena. 

Así surgió el falso debate entre autonomistas y centralistas, no sólo al interior de la Asamblea Constituyente, sino en todo el escenario político, cuando en realidad no había razón para ello. Bolivia iba a cambiar para bien su sistema de organización territorial.

La Constitución boliviana creó un innovador sistema jurídico - político con cuatro niveles de autonomía, la más importante, la autonomía departamental, que importó en realidad la nueva forma de organización territorial del Estado. Por primera vez el nivel central cedía  poder a los departamentos, no solamente en cuanto organización política, sino también en cuanto a organización económica, a través de un catálogo de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, que fue clave para generar, por primera vez, una autonomía ordenada y racional para  la nación.

Es bueno tener presentes estos hechos para que nunca más intereses oscuros, mezquinos y sectarios utilicen el discurso de la organización interna del Estado para promover fines personales, cuando en realidad Bolivia está construyendo en paz y unidad su fututo sobre las bases políticas alcanzadas sabiamente en la Constitución de 2009.