La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), la Coordinadora de la Mujer y sus instituciones afiliadas a nivel nacional, y organizaciones de mujeres diversas y plurales de todo el país expresaron su rechazo al tratamiento del proyecto de ley de “Alternancia al mandato y ejercicio de autoridades titulares y suplentes" por considerarla contraria a la Constitución Política del Estado. Asimismo, las mismas agrupaciones pidieron que el TCP realice una revisión rigurosa del proyecto de ley.

Dicho proyecto, presentado el 5 de abril del presente año, tiene por objeto de “ejercer la alternancia de mandato entre las autoridades municipales y departamentales titulares y suplentes”, planteando el periodo de mandato de dos años y medio para los cargos titulares y, posteriormente, dos años y medio para los suplentes.

En un comunicado expresado por la Coordinadora de la Mujer y Acobol se denuncia que dicho tratamiento de ley vulnera derechos civiles y políticos hacia quienes se dirige dicha normativa.

"Consideramos inaceptable el mencionado proyecto en un contexto donde se ha dado importantes avances normativos en materia de derechos políticos de mujeres y hombres, la equivalencia de condiciones en la participación política y de consolidación de la democracia intercultural y paritaria," sentencia el comunicado.

Algunas de las observaciones establece que se estaría vulnerando el artículo 288 de la CPE que estableces que “el período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez”.

También se recuerda que el artículo 26 de la Constitución garantiza el derecho de participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político por parte de sobre quienes pretende fiscalizar esta ley.

Tras una serie de críticas y observaciones al tratamiento de la ley, el documento exhorta a la Asamblea Legislativa a no dar curso a la aprobación del citado proyecto de ley y solicitan la remisión del documento al Tribunal Constitucional para un control riguroso.