La severidad con la que el Régimen Penitenciario trata a la expresidenta Jeanine Áñez, sumada a los antecedentes de su encarcelamiento –resultado de los afanes gubernamentales por “armar un caso” para sustentar su pretensión de imponer la versión de un “golpe de Estado” que borre el fraude electoral de octubre de 2019– y el interés político que ella representa para el MAS, recuerdan otro caso similar acontecido entre 2008 y 2019 con otro político opositor.

En efecto, la expresidenta cumple un mes y nueve días de privación de libertad, luego de haber sido detenida de madrugada, en circunstancias no permitidas por la ley, y luego encarcelada sin el debido proceso.

La justicia negó todos los recursos presentados por su defensa para conseguir el beneficio de una medida alternativa a la detención preventiva por seis meses impuesta por un juez, a pedido de la Fiscalía, que la imputó por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en el caso del supuesto “golpe de Estado”. Todo eso en el marco de un juicio penal, cuando correspondería un caso de corte por su calidad de expresidenta del Estado.

Prácticamente privada de visitas, con la salud quebrantada e impedida de ser atendida en un centro médico, Áñez está sólo en el inicio de lo que puede ser un largo periodo de encierro. Como ocurrió con Leopoldo Fernández, el exprefecto de Pando que fue encarcelado desde 2008 hasta 2013, y permaneció luego en detención domiciliaria hasta 2019.

En un juicio que duró 11 años, Fernández fue procesado por varios delitos, entre ellos terrorismo, asesinato, homicidio y lesiones graves y leves, en el marco del caso de la masacre de Porvenir, en Pando, acaecido en diciembre de 2008, meses después de que el Gobierno de Morales enfrentó las movilizaciones autonomistas en la denominada “Media Luna”: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Encarcelado en el penal de San Pedro, primero y en el de Chonchocoro, después, el exprefecto pandino enfrentó a una administración de justicia tan sometida al Poder Ejecutivo como la actual, hasta que en diciembre de 2019 –durante el Gobierno transitorio presidido por la hoy encarcelada expresidenta– fue beneficiado con una decisión de un juzgado paceño que le otorgó la libertad pura y simple por el caso Porvenir, después de 11 años de detención.

Once años también duró el caso Terrorismo, desde 2009 hasta 2020, cuando un tribunal decidió el cierre de la causa –también durante el Gobierno transitorio– y una decena de acusados encarcelados recobraron su libertad.

“El Gobierno no me cree culpable; el Gobierno me necesita culpable”, aseguraba Leopoldo Fernández en 2015, aún en detención domiciliaria, en una entrevista con Página Siete. Hoy, la expresidenta encarcelada y enferma podría pensar exactamente lo mismo.