Acusaciones y contraacusaciones. Los curules en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) han ocasionado disputas entre sectores de los pueblos indígenas.

Primero fueron los ayoreos que, a raíz de un supuesto paralelismo en la dirigencia de este pueblo indígena, ha impedido que, hasta la fecha, no se haya elegido a su representante departamental.

En los otros pueblos como chiquitano, yuracaré-mojeño, guarayo y guaraní, ya hubo elección de sus asambleístas e, incluso, en el caso de los tres últimos, el Tribunal Electoral Departamental (TED) entregó sus credenciales.

Pero estos últimos días se conoció dos demandas: La primera, para revertir la credencial de Ramiro Valle, del pueblo guaraní. La segunda, que denuncia irregularidades en la elección de Aida Melgar, legisladora chiquitana pero que, en este caso, el TED aún no ha entregado su credencial.

Otro pueblo indígena se sumó a la incertidumbre en las últimas horas. Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Gurayos (Copnag), señaló al corresponsal de EL DEBER, Desther Agreda, que el asambleísta indígena Roberto Urañavi tiene plazo hasta hoy para que decida respetar el acuerdo firmado con el MAS, caso contrario será revocado su nombramiento.

“Esa es la decisión de las bases, fueron ellas quienes lo nombraron, por tanto, tienen la potestad de sacarlo”, dijo la dirigente.

Tapendaba informó que hoy habrá una asamblea intercomunal y si Urañavi no respeta el pacto con el MAS, se elegirá otro.

EL DEBER intentó contactarse con Urañavi para conocer su versión, pero no fue posible.

Elección en los ayoreos

A la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 6 de abril, en la que disponía que se repita la elección de este curul, se solicitó una revisión de la resolución a través de un recurso extraordinario, por lo que hasta que no haya respuesta, no se podrá realizar ninguna elección.

Suby Picanerai, uno de los líderes de este pueblo, informó que, si bien el jueves 15 realizaron una asamblea, a ésta no asistió el tribunal cruceño y esperan que, a la que ha convocado el grupo liderado por Tari Chiqueno, para este viernes 23, tampoco vaya.

La injerencia es delito

De acuerdo a la Ley 026 del Régimen Electoral, en el artículo 238, incido D, la injerencia de cualquier persona o autoridad en la democracia comunitaria, es un delito.

“La persona particular o autoridad que intervenga, obstaculice o ejerza injerencia de cualquier tipo en procesos de elección o designación de autoridades, representantes o candidaturas en el marco de la democracia comunitaria, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si fuera servidor público, quedará además inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres años”, esto debido a denuncias entre sectores de que partidos políticos están por detrás moviendo los hilos para recibir apoyo en la Asamblea.