El valor de los censos nacionales de población y vivienda es inestimable por la pluralidad cualitativa de datos que se obtienen y que permiten a una sociedad construirse en cuanto a su predicción, evaluación y prospectiva de su desarrollo a partir de la percepción social de una realidad. Las decisiones a nivel de políticas de Estado deben ser nuevamente: planificadas, monitoreadas y evaluadas; en razón de su impacto y resultados de sus: planes, programas y proyectos en una perspectiva autonómica.

A partir del primer censo en el Gobierno del Mcal. Andrés de Santa Cruz (1831) cuyo objetivo fue cuantitativo - tributario (1.088.768 hab.) hasta el último realizado el año 2012 (10.027.254 hab.), y con la proyección probable 2021 (aprox. más de 11.216.000), en nuestro país se realizaron: cuatro censos de vivienda, por lo menos dos agropecuarios si así podemos considerarlo al de la década de los 50 y 12 censos de población. Los últimos cuatro (1976, 1992, 2002 y 2012) respondieron no solo a percepciones políticas sobre pago de impuestos sino sobre previsiones de planificación y en el último tiempo también para redistribución de recursos y escaños de poder. Lo más conflictivo, pero no lo más importante.

Las variables de: empleo, pobreza, población, salud, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, participación política, seguridad ciudadana, género, derechos humanos, índices de precios del consumidor, comercio exterior, hidrocarburos, minería, industria manufacturera y comercio, construcción, servicios básicos, agropecuaria, transporte, telecomunicaciones, turismo, medioambiente, lengua, cultura, etc. Son algunos elementos de análisis trascendentales para el rediseño de las políticas públicas. Los resultados tras las etapas precensal y censal permitirán abordar debates razonables desde varias dimensiones y no sobre lo que hoy pareciera un único fundamento: coparticipación tributaria y escaños de poder, que además implicará una modificación de todo un paquete normativo que por lo se advierte estará sumergido y obstruido por los apasionamientos políticos y regionales.

Debe realizarse en este periodo constitucional un nuevo censo de población y vivienda y aplicarlo en el siguiente, debiendo declarárselo como una prioridad nacional, para rediseñar la administración de la cosa pública en virtud a sus características: demográficas, económicas, sociales y habitacionales de todo el pueblo boliviano: oligarcas y no oligarcas.

El efecto pandémico, el desastre de la transición de facto y la falta de institucionalidad de los censos en el país son factores, digamos que justificables, para el retraso. Lo que no es permisible es que se politice el nuevo censo poblacional y de vivienda en el país y que, de manera lamentable, autoridades electas solo piensen en “cuánto más de recursos les toca” y “cuántos diputados más debe tener su región”. El pacto fiscal, rediseño en los sistemas electorales nacionales y subnacionales son importantes para quienes solo piensan en la toma del poder por el poder; cuando la prioridad a todas luces es rediseñar nuestras políticas públicas de desarrollo sectoriales, territoriales y nacionales de mediano y largo plazo.