Sí, es cierto que estamos en Bolivia, donde la “razón de la incapacidad propia de nuestra gente”, argüida por el poder gubernamental, con su centralismo secante, y su angurria de manejar plata y decidir el destino de esa plata y todo lo demás (pero sobre todo la plata) son “razones” espurias (falsas, ilegítimas o no auténticas) para atrasar lo constitucional y los derechos de los pueblos.
Es cierto que la pandemia puede haber retrasado cambios, pero no es menos cierto que hay una planificación avanzada para ejecutar el censo; don Yuri Miranda, anterior director del INE, aseguró allá por junio del año pasado 2020 que todo “está planificado para ejecutar el censo el año 2022 en apego a la normativa vigente” (ANF).
Comprendamos que el nuevo INE es tan lerdo como el Gobierno (da la impresión de que se le escapan dos petas/tortugas en un cuarto vacío), al menos esa sensación me produjo el nuevo director del INE Humberto Arandia, cuando, en el afán de atrasar el Censo de Población y Vivienda hasta 2024, argumentó una serie de excusas y no mostró el menor indicio de querer hacerlo; vaya uno a saber si con otro “jefe”, don Humberto dice que SÍ, SE PUEDE, pero el tema es que no porque lo diga “el Humberto”, nosotros los ciudadanos nos vamos a quedar callados y a bajar la cabeza.
Resulta que de acá a fin de año, sin contar abril, faltan ocho meses para fin de año, más 12 meses del 2022 y seis hasta junio del 2023, estamos hablando de 26 meses, es decir, 780 días (más y no menos) que sobran para seguir con lo planificado, contratar gente, preparar logística, conseguir los más de 50 millones de dólares que cuesta semejante esfuerzo y… en los seis meses siguientes se prepara todo para entregar los resultados en diciembre, pero como en diciembre es Navidad, digamos que, a más tardar estos pueden ser entregados en enero del 2024, que será cuando se convocará a elecciones y se harán los ajustes de distribuciones parlamentarias, las que deberán ser trabajadas previamente con los datos que se publicaron recién; eso significa que se deben hacer “aproximaciones” a distintos resultados.
No nos vengan con estupideces que eso no se puede hacer, porque si, se puede. Por ello, debe quedar claro que no se le puede quitar un solo parlamentario a algún departamento; es decir, ya no se tratará de “repartir o reubicar” a los 160 diputados, se debe trabajar para aumentar el número de estos y nada más, porque los senadores son números fijos de representación departamental. 
Lo vengo diciendo desde mis programas y esta es una buena oportunidad para dejarlo escrito: hay que aumentar el número de parlamentarios a la realidad poblacional actual; dejemos de tener ciudadanos subrepresentados (si después sirven o no los parlamentarios, es el riesgo que se corre con 160 o con 180) los que tenemos ahora responden a la lógica de los años 80 del siglo anterior, es necesario trabajar en ello; es necesario que los concejos municipales y que las asambleas departamentales puedan cambiar por trabajo propio el número de concejales y asambleístas, en función a las nuevas realidades poblacionales; eso se llama modernización del Estado, se llama caminar con los tiempos; sé que desde el Gobierno más miran el pasado y el Tawantinsuyo que el futuro y el Siglo XXI, pero nosotros los ciudadanos no estamos obligados a hacer lo mismo.
Pero si el tema fuera solo de redistribución parlamentaria la cosa no tendría sentido; se trata de hacer una reingeniería social distributiva; algo así como “barajar y dar de nuevo”; habrá más dinero por persona que viva en cada departamento; el Estado deberá reordenar la construcción de hospitales de especializaciones, disponer ítems de maestros, de médicos y personal de salud, de policías. ¿Mucho trabajo? Bueno…vean qué hacen, para eso quisieron ser gobierno.
Independientemente del censo, hay que trabajar el pacto fiscal que no puede ir “tojo” (prendido) al censo, porque la lógica de su distribución está en función a los impuestos recaudados en cada departamento; hoy, se reparte 75-25, quedándose para los departamentos que generan los ingresos siete impuestos, a saber:  IVA,RC-IVA,IUE,IT,ICE,ISAE y GA, (para mí, debiera coparticiparse del de las Grandes Fortunas, por principio, porque se generan en los departamentos). 
Eso de la coparticipación de impuestos debe quedar claro: es dinero que se genera en los departamentos y debiera haber un Pacto Fiscal que haga que el 50% se quede ahí, donde se desarrolle el trabajo del ciudadano que los generó. Debe ampliarse la distribución a gobernaciones y pueblos indígenas, manteniendo a municipalidades y universidades y, debiera pensarse en la creación de un fondo compensatorio a quienes reciban menos, aunque en ningún caso vayan a mermar sus ingresos. Se trata de solidaridad para equilibrar el ingreso, no escamoteo de ingresos.
Estamos con lo justo, el INE anterior, el de Yuri Miranda, ya había avanzado en la actualización cartográfica, esta se debe retomar, la boleta se la trabaja con expertos locales e internacionales que siempre están dispuestos a colaborar, capacitar gente (si no es del gobierno parece ser posible), lo demás es logística… los tiempos escritos sirven y, las tareas parlamentarias, de gobernaciones y municipios para los otros temas tienen que funcionar; difícil es, imposible, no…
Yo creo que si allá arriba se mueven…en una de esas lleguen a atrapar a una peta, así la otra se escape.