Autoridades de los ayllus de las parcialidades de Aransaya e Urinsaya de la nación Qhara Qhara lanzaron un ultimátum para que hasta el 22 de mayo el Gobierno atienda sus demandas de respeto a sus derechos políticos y otras relacionadas con la justicia, salud y educación.

“El Estado boliviano no ha cumplido con la Constitución, en especial en esto de los derechos políticos, no ha materializado la representación directa para la nación Qhara Qhara en los departamentos de Chuquisaca y en Potosí ante las asambleas departamentales y municipios”, refirió Samuel Flores, secretario permanente del tribunal de Justicia Indígena Originario Campesino (JIOC) y representante de la nación Qhara Qhara.

Por esta problemática irresuelta, las autoridades de este sector, reunidas en Sucre el fin de semana, decidieron convocar a un cabildo grande en el que analizarán la coyuntura y la crisis de salud y educación, generadas por la pandemia en los pueblos indígenas. “Se está dando plazo hasta el 22, 23 de mayo al Estado boliviano para que ellos respondan, porque se va a llevar adelante un evento grande de la nación Qhara Qhara”, anunció Flores.

Asimismo, se espera que las autoridades competentes modifiquen el artículo 10 de la Ley de Deslinde, que impide a los pueblos indígenas impartir justicia comunitaria. Y aguardan que el Estado cumpla lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su periodo de sesiones 175 realizado en Haiti el año pasado, instancia que solicitó que “el Estado boliviano debe materializar las autonomías indígenas sin muchos formalismos”, recordó el representante.

“Si el Estado no responde, no se descarta acciones judiciales y acciones de hecho”, adelantó Flores que espera que las autoridades nacionales den alguna respuesta antes del cabildo de mayo.