El proyecto de ley de organizaciones políticas fue presentado la pasada semana por el Tribunal Supremo Electoral y se prevé que sea debatido en el Legislativo en los próximos meses.

 En términos generales, ¿cómo se elaboró este proyecto de ley?
Hemos impulsado un proceso grande de construcción participativa a través de jornadas de deliberación en todo el país, no hemos querido que un equipo técnico haga una propuesta y después recién se legitime. Hemos realizado una revisión técnica y jurídica de las actuales normas, la Ley de Partidos de 1999 y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas de 2004. Nos tomó desde mayo hasta noviembre del año pasado y los primeros meses de este año se fue afinando la propuesta.

Este proyecto de ley es muy sólido, muy consistente técnicamente y fino, contiene 105 artículos distribuidos en cinco títulos, diferentes partes, tres disposiciones transitorias y una abrogatoria. El presupuesto para su elaboración fue mínimo, en parte de la cooperación internacional, y nosotros hemos dispuesto recursos para los talleres.

¿En qué se diferencia esta norma de las leyes de partidos y agrupaciones?
Hay varias sustantivas, la primera, formal, pero importante, concentramos en un solo cuerpo lo que son dos leyes distintas, separadas y, a veces, incongruentes, dejarán de existir esas dos y solo habrá un cuerpo normativo. Las dos anteriores normas están pensadas en una concepción de elecciones, voto individual y partidos, esa era su idea de democracia, en esta ley hablamos de democracia en plural, no solo hablamos de elecciones sino de los mecanismos de la democracia directa y participativa, y hablamos de la democracia comunitaria, no solo hablamos de derechos individuales sino de derechos colectivos.

Hay una innovación para el país que es la elección de binomio presidencial en elecciones primarias, obligatorias, cerradas a la militancia, administradas por el Tribunal Supremo Electoral y vinculantes. Ese tema está como propuesta y su aplicación será progresiva, dependiendo de las condiciones técnicas y presupuestarias que tendrá que evaluar la Asamblea para ver si es viable o no implementarla para las próximas elecciones, pero sí tendría que hacerse antes de 2024.

¿El TSE tiene la capacidad de implementar esto en 2019?
Eso es lo que tenemos que evaluar en un reglamento. La complejidad técnica tiene que ver con los padrones de militantes, hay organizaciones que están actualizando o ampliando, tenemos que estudiarlo con mucho cuidado, después no existen otras complicaciones porque es administrar y organizar pequeñas elecciones y habrá que ver el presupuesto, porque está previsto que se hagan las primarias con recursos públicos.

¿Cómo incorporan el tema de la paridad en la propuesta?
Este proyecto transversalmente está cruzado con un fuerte régimen de género, garantizamos la paridad democrática de mujeres en dirigencias, jefaturas, representaciones, establecemos mecanismos para impulsar la participación de mujeres y establecemos previsiones para prevenir, tramitar y sancionar esos casos de violencia y acoso político contra las mujeres. No contempla el tema del binomio, que está en otra ley tramitada en el Legislativo, nos lo han mandado en consulta y tiene que ver en una reforma a la Ley de Régimen Electoral.

¿Qué pasa con el financiamiento a los partidos?
Es una innovación muy valiosa, es un sistema mixto que combina financiamiento privado con restricciones, que no pueden recibir recursos de empresas del Estado, de entidades extranjeras, de casas de azar, de religiones, todo aquello que implique que se pueda volver un mecanismo de presión o de algún ilícito, entonces se suma el fortalecimiento público, a través del cual se otorgan franjas electorales en cuanto al acceso de medios. Lo novedoso es que no damos marcha al pasado, cuando se les daba plata a los partidos, lo que hacemos ahora es no darles ni un boliviano, pero si estimamos entregar un 20 por ciento más de lo que cuesta llevar adelante una elección y en años no electorales se prevén recursos para capacitación, deliberación e investigación.

Tiene un fuerte componente de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, para que tanto el patrimonio como los recursos que utilizan en procesos electorales, que son como una caja negra, no se conoce de dónde provienen, en qué se gastan y cómo se administran.

¿No temen que el Legislativo cambie el proyecto?
Es parte de la dinámica de la Asamblea, haríamos mal en creer que vaya el proyecto como fardo cerrado y lo aprueben, aquí hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero asumimos que existirán mecanismos de decisión y confiamos en que se mantenga la base principista de la norma. Nada de lo que está aquí está en función de cómo puedan perjudicar o beneficiar en una eventual elección o a un candidato.