El camino de una democracia frágil hacia una sólida resulta el desafío pendiente en pos de una sociedad y Estado democráticos, donde la mentalidad y práctica de respeto al Estado de derecho, junto a un claro compromiso con los derechos humanos, prevalezcan.

Los procesos electorales que permiten contar con gobiernos surgidos de las urnas son, sin duda, parte de la democracia, pero tal origen de un gobierno no garantiza que éste sea leal a la democracia, a su institucionalidad, a su razón de ser vinculado a honrar procesos electorales confiables, al respeto de los derechos y garantías fundamentales.

En ese sentido, el referéndum del 21 de febrero de 2016,  que le dijo No a una pretensión de eternizarse en el poder al binomio gobernante de entonces, permitió poner en evidencia esa definitiva falta de lealtad a la democracia por parte del partido de gobierno. 

A propósito de tal resultado, el oficialismo volcó todo el aparato estatal que controlaba para pasar por encima el mandato del 21-F. Su control del legislativo le permitió reformar la Ley de organizaciones políticas e imponer la elección de candidatos presidenciales al interior de los partidos, con resultados vinculantes, de manera que al ganar el binomio oficialista al interior del propio MAS resulte obligatorio respetar su postulación.

A su turno, el Tribunal Constitucional a su servicio fue el encargado de emitir una sentencia favorable a una acción de inconstitucionalidad contra la propia Constitución y, consiguientemente, habilitó la reelección indefinida, cual supuesto derecho humano.

Luego el Órgano Electoral contribuyó a formalizar la candidatura del binomio reeleccionista, abandonando su obligación de hacer cumplir el resultado del 21-F. Es más, en la elección presidencial de octubre de 2019 se prestó a una manipulación dolosa del cómputo de votos y que terminó denunciada por los veedores de la OEA y la Unión Europea.

Todo ello corrobora una postura del partido de gobierno contraria – en los hechos – a la democracia, aunque éste se presente con un ropaje de democrático, pretendiendo ocultar su finalidad de hegemonía y control político total a cualquier precio.

Por tal razón, también tiene antecedentes de larga data de irrespeto al Estado de derecho y a los derechos humanos. Basta recordar, entre otras, las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, la represión inmisericorde a la marcha indígena en Chaparina; de manera que las fuerzas del orden fueron desnudadas como instrumentos de una visión y acción gubernamental represiva sin límites y que incluyó el asesinato.

A ello se suman las violaciones recurrentes de garantías jurisdiccionales, donde tanto el Ministerio Público y el Órgano Judicial terminaron convertidos en instrumentos de persecución por razones y fines políticos. Muchas detenciones arbitrarias y procesos injustos, junto a una cantidad de compatriotas que buscaron refugio en otros países confirman ello. 

Esa instrumentalización, especialmente de la justicia penal, resultó tan cimentada en la mentalidad de los operadores de justicia que, de tanto en tanto, afloran los desmanes, haciendo que más bien la injusticia resulte moneda corriente al servicio del régimen.

Esas expresiones de ejercicio de su proyecto de poder total, más allá de una gestión de gobierno (primero Morales – García Linera y ahora Arce – Choquehuanca) hacen del régimen uno claramente autoritario, montado para reforzar su hegemonía en busca de un sistema de partido único, contrario a la democracia, al pluralismo político, que recurre a la eliminación administrativa y judicial del adversario; que sin rubor puede anunciar que lleva a cabo una revolución democrática cultural a la par de proclamar que la independencia de poderes o los mismos derechos humanos son obra del imperialismo.