Si quedan dudas sobre las circunstancias que derivaron en la realización de las elecciones de octubre pasado, resulta que son las mismas que originaron y continúan originando los procesos electorales de segunda vuelta: la aplicación subsidiaria de la ley, lo que en su sentido epistemológico significa que se sustituye la ley o se apoya solo una parte de la misma, que sirve de ayuda o apoyo solo aquello que conviene de la ley. En este aprendizaje, la Constitución a veces ni se la toma en cuenta.

Desde ahí se puede comprender que ante la vulneración al ordenamiento político-constitucional (el golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019), la salida en ese momento fue allanar una solución con rótulo democrático y no siempre de legalidad. Es que cuando se concibe a la democracia desde sus ángulos perversos de racionalidad e irracionalidad, hasta puede ser inapropiado renunciar, abrir al vacío de poder, dejar el territorio, irse al exilio y esperar que la soberanía del pueblo ejerza su rol de democracia propia.

Pues eso precisamente pasó: Evo Morales dejó el poder el 10 de noviembre y desde ese momento el ordenamiento político jugó un rol preponderante para ejercer sus actos conforme ciñe la Constitución o para desviarse en él, a fin de configurar un nuevo orden constitucional. En esta segunda lógica se adscribieron los neofalangistas, fascistas de ultraderecha que iniciaron sus acciones el 22 de octubre de 2019, sumándose varios legisladores nacionales, profesionales, organizaciones sociales, algunas ONG, la Iglesia Católica, políticos opositores, las iglesias alternativas de origen extranjero, exservidores públicos, la Universidad Pública, las universidades privadas y principalmente la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En el análisis constitucional, por ejemplo, el TCP tuvo un desvío de posición que fue optado de forma hormonal y sin el razonamiento esperado, que incluso le llevó a emitir un comunicado por fuera de sus atribuciones, convirtiéndose en ese momento en un órgano colegiado meramente político, como si se tratase de una organización política más.

Todos estos actores del golpe, sin olvidar el asesoramiento externo e imperialista que tuvieron, y con operadores que salían a los medios a decir que fueron ellos los artífices de la salida del tirano, cometieron un error garrafal: no legalizar sus actos conforme prevé la Constitución y las leyes.

Pasaron los meses y desde que asumió el gobierno de facto el 12 de noviembre de 2019, los intelectuales del derecho constitucional esperaban que los actos políticos que quebrantaron el periodo constitucional sean mínimamente analizados, interpretados con la Constitución y manifestados en términos al menos de una tendencia.

No actuar con la debida sinceridad, como hicieron los gobiernos de facto en el pasado, trajo consigo una dicotomía en el pensamiento de las y los ciudadanos, pues en la narrativa que se armó, como parte de la estrategia del golpe, se dijo que nunca se diga golpe, sino fraude.

Para descartar la hipótesis del golpe, que sesgó el imaginario de los golpistas y sus seguidores, es necesario remontarnos a la idea de fraude que se plantó como la semilla del mal y del odio contra Evo Morales. Tal supuesto fraude, como lírica del pensamiento golpista, estuvo circunscrito a cuatro ideas fuerza, desde donde se generó el discurso que polarizó la población: lo que se llamó la paralización del TREP, el ocultamiento de ánforas, el padrón desactualizado y el voto servil de las organizaciones sociales. Tales criterios fueron manejados con la discriminación y racismo justificados en el odio extremo de que era “imposible permitir la continuidad del gobierno de ese entonces”.

Aun cabe la duda sobre si la gestión de los 14 años, a la que tanto aludían, era la razón principal para no dar paso a una continuidad del poder, o era solo porque el prorroguismo no está permitido en la sabia lógica y moral de las logias y de las familias de buen entender en el país.

No obstante aquello, está en la historia que la continuidad de esa gestión de gobierno al menos cuidó los estándares tanto de orden constitucional como de democratización, y que lo que aconteció con el golpe fue un acumulado de la fuerza opositora que desde la movilización y quebrantamiento del orden constitucional logró irrumpir e interrumpir la gestión que se había institucionalizado hasta ese momento.

Comparativamente ¿qué es lo que el gobierno de facto no cuidó en su momento? Un elemento que será evaluado en su momento es que para hablar de fraude y no ser, o al menos no aparentar, un gobierno de facto, una vez posesionado el vocal que sería el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) éste debía, junto a los vocales seleccionados por la Asamblea Legislativa, aprobar o desaprobar el informe de los vocales expulsados que conformaban la anterior Sala Plena. Por esto, la población no ha conocido cuál fue el rol individual y colegiado de los miembros de ese órgano del Estado, en el marco de su organización interna y de la gestión pública desempeñada.

Dada esa carencia de información del actual Órgano Electoral, en el discurso político de los opositores y críticos al gobierno de Evo Morales quedó inscrito que se anuló de facto las elecciones de octubre de 2019 porque prevaleció el clamo popular; no obstante, la Ley Electoral (Art.190) dispone expresamente que los procesos electorales no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. Entonces, lo que les faltó a los detractores del sistema, tanto en el Órgano Electoral como en la Asamblea Legislativa Plurinacional, más allá del respaldo discursivo de la Organización de los Estados Americanos, era coordinar una ley modificatoria de la Ley del Régimen Electoral para no tener este bache, que queda como antecedente constitucional y es un resquicio para el discurso del denominado fraude.

Tal error de poder en el momento previo y en el gobierno de facto permite comprender que la nulidad de las elecciones del 20 de octubre de 2019 no era posible normativamente, siendo que, igual que la emisión de la circular del Tribunal Constitucional, que operativizó la ilegal sucesión presidencial, debía contar con un instrumento legal expedito para contar con un margen de legalidad, el que finalmente le otorgó la Asamblea Legislativa, con la aprobación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio para la realización de Elecciones Generales el 24 de noviembre de 2019, que por cierto tuvo una modificación en diciembre de 2019; en ningún caso ha previsto modificación sustantiva a la Ley (especial) del Régimen Electoral.

Consiguientemente, la historia aún tiene aportes y nos deja señales como indicios para el análisis, respecto a que lo que se vivió en octubre y noviembre de 2019 fue mero fraude o un golpe de Estado, donde se pasaron de largo las leyes y la legalidad del Estado, y si fue preparado conspirativamente con milimétrica planificación o fue llanamente consumado desde una base opositora desplegada tendenciosamente, con el factor ciudadano convencido en su sana predicción de que podría plasmarse una “mejor realidad y futuro para él”, sin que aún entienda a estas alturas que ha sido descubierta a toda luz su peculiar doble moral política.

(*) Iván Bascopé S. es abogado constitucionalista