En mayo de este año el Tribunal Supremo Electoral, a través del Observatorio de Paridad Democrática, informó que en ese órgano tomó conocimiento de un total de 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el país solo en los primeros cuatro meses de la gestión 2018.

De los 65 casos a nivel nacional, 36 se tratan de denuncias presentadas ante los Tribunales Electorales Departamentales, 19 son denuncias presentadas por otras entidades como la Asociación de Concejalas, y 10 son casos de renuncias forzadas a mujeres”, señala el comunicado.

“ONU Mujeres considera que este tipo de acciones de conculcación de derechos genera un retroceso al avance que el Estado boliviano ejecutó durante los últimos 10 años, lo que le permitió convertirse en el segundo país en el mundo, después de Ruanda, en conseguir un nivel de participación política que alcanza a 51% de mujeres elegidas en 2015 en el Órgano Legislativo nacional, departamental y municipal”, señala el comunicado.

Siempre según el documento, entre los actos, acciones y prácticas de acoso y violencia contra las mujeres que se identifican están: actos discriminatorios, presión para renunciar o solicitud de licencia indefinida, la firma de documentos contra su voluntad, restricción del uso de la palabra, presión sobre sus familias, renuncias forzadas por situación de embarazo y hasta violencia física.

En este marco, ONU Mujeres recuerda que el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belén do Pará, al igual que las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Toda las Forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por su sigla en inglés), emitida el 2015.

Que en su numeral 22 refiere “…Otro motivo de preocupación del Comité es la falta de enjuiciamiento y condenas en relación con la violencia y el acoso político por razón de género y sugiere que se procese y castigue debidamente a los autores de actos de violencia política en razón de género”.

ONU Mujeres, frente a las recomendaciones internacionales y el marco normativo nacional, Constitución Política del Estado y la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, recomienda y solicita el esclarecimiento inmediato de las denuncias planteadas por las autoridades electas.

“Finalmente recordamos que las mujeres en estado de embarazo, al igual que los hombres progenitores, tienen inamovilidad laboral. Según la Constitución Política del Estado, parágrafo VI, Artículo 48, el Estado garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación y su destitución se constituye en una flagrante vulneración a sus derechos”, complementa el comunicado.