Los hechos de violencia durante la crisis de noviembre de 2019 son abordados desde dos versiones contradictorias que generan incertidumbre y desconfianza en la comunidad boliviana. El oficialismo difunde en constantes declaraciones la versión de que hubo un golpe de Estado que ocasionó muertes y heridos en Senkata, en Sacaba y en Pedregal. Pero los hechos no fueron esclarecidos en su momento, habiéndose incluso impedido el peritaje forense, que debía hacerse de inmediato en los cuerpos de las víctimas que todos lloramos. Una inmediata apertura a los medios de comunicación y a dicho peritaje hubiera prevenido la relativización, especulación e incertidumbre que ahora se usa para perseguir y privar de libertad a personas sin respeto a las garantías constitucionales.

En lugar de golpe puede considerarse que hubo una toma poco común, aunque consensuada, del poder, a diferencia de una sucesión constitucional en sentido estricto. La omisión de algunas formalidades en relación con la aplicación de la norma ordinaria se explica por el vacío de poder dejado a causa de las “renuncias en cadena” de las exautoridades, con la inestabilidad que ello suponía en momentos de dramática violencia e inseguridad que campeaba principalmente en La Paz y Cochabamba.

Todos estamos llamados a perdonar. A pesar de que no es fácil olvidar la irrupción de grupos descontrolados que rompieron e incendiaron aquello que encontraban a su paso, los ataques de unos grupos a otros, las muertes y la confusión general. El papa Francisco, al hablar en la encíclica Fratelli tutti sobre la reconciliación, recuerda que hablar de perdón no significa que sea posible “cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido”. También observa que “la verdadera reconciliación no escapa del conflicto sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente”.

Actuaciones complejas en situación de completa emergencia hoy son motivo de persecución y cárcel. Sin tomar en cuenta que nadie puede juzgar los hechos mientras la información necesaria no sea esclarecida y sin los procesos judiciales adecuados. Aclarando que no hay razón para eximir de responsabilidades por hechos luctuosos ocurridos en cualquier gobierno.

Por ejemplo, Monseñor Eugenio Scarpellini (QEPD) dio testimonio sobre los hechos en Senkata. Sobre cómo se abrieron las puertas de la Iglesia para recibir a los heridos y los cuerpos de personas fallecidas. También Monseñor Carlos Curiel acudió a auxiliar a los familiares de las víctimas en Sacaba y, siendo cirujano de profesión, atestigua: “No me dejaron ver a las personas fallecidas”. Hubo obstrucción al esclarecimiento de los hechos. Ahora se habla muy poco de la información que brindaron estos testigos privilegiados y confiables de los hechos.

Lamentablemente algunas autoridades, desconociendo los esfuerzos de la Iglesia en favor de la pacificación y del cuidado de la población (sin importar la posición política de unos y otros), afirman que los obispos se desentendieron de los hechos violentos y de las víctimas, y suponen que ahora han tomado una posición partidaria. Por suerte basta consultar los comunicados de la Conferencia Episcopal de los días 21, 22 y 23 de octubre de 2019, en los que los  obispos llamaron a preservar la paz en momentos de gran tensión, a la vez que pidieron una salida justa y democrática. 

Más tarde, los días 8, 10, 11, 12, 14, 16 y 17 de noviembre, clamaron constantemente por el fin de la violencia. A la vez, los obispos (y también los sacerdotes y cientos de laicos) desplegaron todos sus esfuerzos para apaciguar el conflicto. Cuando ya parecía que la violencia se volvería imparable, los obispos, acudiendo al llamado de todos los sectores en conflicto, se pusieron al servicio de la facilitación del diálogo. Esta labor permitió llegar a acuerdos que se hicieron con pleno conocimiento, consentimiento y compromiso de buena fe de todas las partes participantes. Estos esfuerzos dieron paso al gobierno transitorio (Ejecutivo y Legislativo) que pacificó el país.

Ningún golpe de Estado se lleva a cabo a través de un proceso de diálogo con el consenso de todos los actores. Tampoco es propio de los golpes de Estado el respeto a los sistemas de distribución del poder, al Parlamento, a instituciones de clara orientación contraria al gobierno transitorio (como la Defensoría del Pueblo), a los órganos del poder Judicial y demás tribunales.

Cuando se ocultan los hechos, cualquier narrativa es posible. Necesitamos buscar una vez más y con suma urgencia, en aras del bien común, poner los hechos a la luz, con respeto a la verdad, que es condición para la justicia y la paz. Lo enseñó Jesús: “La verdad los hará libres”.