Bolivia acudió a las urnas por tercera vez en pandemia. En los últimos 18 meses -un año y medio, desde el 20 de octubre de 2019 hasta el 11 de abril de 2021-, los bolivianos asistieron a votar en cuatro ocasiones, en procesos electorales que costaron algo más de  660 millones de bolivianos.

Las elecciones generales de octubre de 2020 sufrieron tres postergaciones por la pandemia, y la elección de autoridades subnacionales, que acaba de concluir el pasado domingo con el balotaje en cuatro departamentos, también sufrió un retraso por la misma causa.

Es así que después de un largo e intenso período de crisis política y cumplimiento de sucesivos procesos electorales, el país se dispone a encarar una etapa en la que la gestión debería ser prioritaria.

Con todo, es interesante analizar los últimos procesos eleccionarios, en medio de una crisis sanitaria y con algunas debilidades en el Órgano Electoral.

La ciudadanía ha cumplido como siempre cabalmente su derecho y deber de sufragar. No se han presentado actos de indisciplina y a pesar de que para el balotaje del pasado domingo se anunciaba un ausentismo, los datos demuestran que éste ha sido mínimo.

Sin embargo, después de las irregularidades denunciadas en las elecciones de 2019 y la posterior recomposición del Tribunal Supremo Electoral -luego del procesamiento de las principales autoridades de ese entonces y la quema/destrucción de la mayoría de los tribunales departamentales-, la reestructuración ha sido difícil y en algunos casos inacabada.

Uno de los aspectos más llamativos ha sido la reposición del sistema de resultados preliminares. Recordemos que la noche del 20 de octubre de 2019, el conteo del entonces denominado TREP (Transmisión de Resultados Preliminares) fue abruptamente suspendido y de ahí en más se presentaron las irregularidades que acabaron con las alegaciones de fraude electoral, investigadas luego, a pedido del gobierno de Evo Morales, por la Organización de Estados Americanos (OEA). A partir de entonces, y por las sospechas sobre su intervención, este sistema fue cancelado.

En 2020, el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió reemplazarlo por un nuevo proyecto que se denomina Difusión de Resultados Preliminares (Direpre). Esta nueva iniciativa -que fue anunciada por las autoridades del TSE como más ágil y segura- debía ser estrenada en las elecciones de 2020. Pero, como sabemos, fue suspendida pocas horas antes de los comicios, en medio de críticas e incertidumbre de la población, con la explicación de que no ofrecía las garantías suficientes para arrojar resultados previos.

Sin embargo, cinco meses después, para la elección subnacional del 7 de marzo, y ahora para los balotajes del pasado fin de semana, este recurso no ha podido ser repuesto. Esto sin duda representa un retroceso para la democracia electoral, porque junto con la transparencia, tranquilidad y orden de los comicios, es importante la oportuna entrega de resultados.

Ya en la elección general esto representó motivos de acusaciones de fraude e intranquilidad en la ciudadanía que esperaba con ansias los datos. En las subnacionales, la demora con los resultados de gobernaciones llegó a extremos insólitos, y en los balotajes recientes la demora está siendo menor, pero la jornada electoral nuevamente concluyó sin sospecha alguna de los resultados, a pesar de que se tenía que contar únicamente 2.800.000 votos.

Mientras tanto, en países de similar tamaño que el nuestro, como Ecuador, los resultados de la segunda vuelta presidencial llegaban prácticamente al final en pocas horas. No hay excusas válidas para este retroceso. Si el país necesita celebrar elecciones, el Órgano Electoral debe tener el apoyo estatal para contar con un sistema de resultados preliminares confiable y oportuno que dé certezas a los ciudadanos. Aunque la ley contempla una semana para la entrega de resultados oficiales, no es posible que en pleno siglo XXI tengamos que esperar esa semana para conocerlos.