La Cámara de Senadores sancionó este miércoles la ley que establece de manera excepcional, un nuevo plazo de dos años, para que las cooperativas que se encuentren actualmente registradas y en funcionamiento, se adecúen a las disposiciones según los procedimientos fijados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop).

Hace dos años se dio el plazo para que las cooperativas registradas y en funcionamiento arreglen sus estatutos a partir de la aprobación del Decreto Supremo 1995 del 13 de mayo de 2014, Ante ese incumplimiento, la Asamblea emitió otra Ley el 19 de agosto de 2016 ampliando el plazo hasta el 13 de mayo de 2018, plazo que también concluyó.

El Senado informó que la última ampliación cumplió su objetivo en gran medida porque el porcentaje subió al 19 %, pero el 81 % restante requiere un nuevo plazo. La nueva norma señala que el incumplimiento derivará en la cancelación de las autorizaciones no ratificadas y se ordenará la disolución, liquidación y extinción de estas asociaciones.

Hace poco, el ex viceministro de Minería y experto del área de la Fundación Jubileo, Héctor Córdoba, indicó que de 1.816 cooperativas mineras que operan en Bolivia, el 85 % lo hace sin licencia ambiental.

Uno de los requisitos para adecuar contratos es acreditar una ficha ambiental que obligue a las cooperativas a remediar posibles daños ocasionados en las operaciones de explotación minera en distintos rubros, sobre todo en la actividad aurífera.

La rendición pública del Ministerio de Minería presentada en enero de este año, estableció que entre 2006 y 2017 el número de cooperativas mineras se incrementó en 49,83 %, es decir, de 911 a 1.816.

Córdova estimó que la mayoría están concentradas en La Paz y llegan a más de 1.200. Cerca de 1.000 son cooperativas auríferas, mientras que las otras están distribuidas en Beni, Santa Cruz, Potosí y Oruro.

Un reporte del Viceministerio de Cooperativas Mineras afirma que de las más de 1.200 operadoras, solo 180 contaban hasta hace más de dos años con licencia ambiental. Hasta el 2016 había 124 mil socios.

El sector cooperativo es uno de los aliados políticos del actual gobierno y la asamblea se justifica que la ampliación surge en cumplimiento al artículo 310 de la Constitución Política del Estado que reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario y sin fines de lucro, debiendo el Estado promover sus actividades productivas. La ley sancionada fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.