Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 18 de junio de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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Obligar a los funcionarios públicos a realizar cada mes aportes a los partidos ha sido una práctica de años que se ve ‘normal’. En época de campaña electoral también se ha comentado de supuestas donaciones de empresarios, que luego pasarían la factura a sus candidatos que llegan al poder. O, viceversa, los que asumen el poder pasarían la cuenta a los que no aportaron. Más delicadas son las versiones de presuntas “contribuciones” de origen ilícito a las actividades proselitistas que debilitan o perforan las democracias del continente.
Contenido
En Bolivia se tuvo en algún momento el sonado caso de los ‘narcovínculos’ que afectó a un partido. Los traficantes de droga han tratado de penetrar los poderes de distinta forma en algunas naciones, incluso con candidaturas propias o patrocinadas indirectamente.
El padrinazgo a los partidos es peligroso, por lo que resulta ideal para la democracia transparentar el financiamiento. El tema del origen de los recursos para las campañas no ha sido prioridad en la agenda boliviana. La autorización de un presupuesto estatal para las organizaciones que intervienen en una contienda apuntaba a generar un equilibrio entre las fuerzas y a evitar fuentes de ingresos oscuros; sin embargo, fue suspendida con el argumento del MAS de que los recursos debían tener un destino más útil, en un país con necesidades básicas insatisfechas.
La semana pasada se conoció el anteproyecto de ley de organizaciones políticas, elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, que vuelve a considerar la aprobación de recursos estatales para las campañas de los partidos, además de sanciones a prácticas relacionadas con la obligatoriedad de aportes impuesta a funcionarios públicos.
La norma, que entrará al debate legislativo, establece que el TSE distribuirá un 60% del financiamiento de forma equitativa, mientras que el restante 40% será asignado de acuerdo a la votación de los anteriores comicios. El criterio puede garantizar que no sea solo un partido el que tenga la supremacía en los espacios de propaganda, que además contarían con la gestión y supervisión del Órgano Electoral.
Por otra parte, en el proyecto de ley se tipifica como una falta grave los descuentos obligatorios en planillas para el financiamiento de los partidos. Se enfatiza también que está prohibido recurrir a recursos de origen ilícito.
Es una necesidad para la democracia abrir el debate del financiamiento de los partidos y, sobre todo, convertir el tema en una prioridad de la agenda pública, a menos de 16 meses de las presidenciales. Ahora que tenemos en el poder una organización política cuya estructura se ve más fuerte que las de sus competidores, la norma debería apuntar a neutralizar ventajas abrumadoras en las campañas.
El proyecto del TSE tiene también el tino de proponer comicios primarios para elegir los binomios presidenciales, lo que es un paso importante para la democracia.
