Explicó que en la demanda que será presentada el lunes se sustenta el ilícito de incumplimiento de deberes, porque no se firmó el contrato para la dotación de esos alimentos que ya fueron entregados y suspendidos por falta de pago.

Señaló que la denuncia es también contra la responsable de la secretaría de Desarrollo Humano, Andrea García, tres miembros de la comisión de calificación y los funcionarios que autorizaron la distribución de la ración seca porque no verificaron la firma del contrato con la empresa proveedora.

“Con toda la documentación que prueba nuestra acusación, el lunes abriremos un proceso penal por incumplimiento de deberes. No se le puede privar a nuestros niños y jóvenes en edad escolar de ese beneficio que tiene que ver con la alimentación de nuestros niños y jóvenes”, precisó.

Asimismo, expresó su preocupación por la baja ejecución presupuestaria, ya que a seis meses de iniciada la gestión, a pesar de existir proyectos aprobados, éstos no se encaminan.

“No entendemos por qué desde la Alcaldía se dice que no hay dinero, cuando se tiene un presupuesto inicial aprobado de 1.700 millones de bolivianos”, señaló.