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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 09 de abril de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Yolanda Mamani Cayo / La Paz
Más de 20 organizaciones e instituciones de la sociedad civil y concejales electos de cinco municipios capitales rechazan el proyecto de ley de “alternancia” en el cargo, porque, argumentaron, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), las autonomías y los derechos civiles y políticos.
La Coordinadora de la Mujer y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), junto a una veintena de organizaciones de mujeres y plurales del país, mediante un comunicado, expresaron su “total rechazo” al proyecto de ley que presentó la diputada María Cristina Choque del MAS.
“Consideramos inaceptable el mencionado proyecto en un contexto donde se ha dado importantes avances normativos en materia de derechos políticos de mujeres y hombres, la equivalencia de condiciones en la participación política y de consolidación de la democracia intercultural y paritaria (…). El mismo es inconstitucional y vulneratorio de los derechos civiles y políticos”, se lee en el comunicado conjunto que emitieron.
Entre sus principales observaciones está que viola el artículo 288 de la CPE, que establece que “el período de mandato de los integrantes de los concejos y asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años”. Además sostienen que vulnera el artículo 26, que garantiza el derecho de “participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político”.
Asimismo, aseguran que con el proyecto se atenta contra los derechos del electorado, que acude a urnas a elegir a sus representantes para un periodo de cinco años. En el pronunciamiento también indican que interrumpir la gestión de concejales y asambleístas a los dos años y medio de asumir sus cargos afectaría la calidad de su gestión pública.
En ese marco, las organizaciones exhortaron a la Asamblea Legislativa no dar curso al proyecto, y remitir el mismo al Tribunal Constitucional para su control previo. Exigieron, además, que se garanticen los derechos civiles y políticos plasmados en la CPE y leyes.
En tanto, los concejales electos de los municipios capitales de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Trinidad (Beni) y Oruro, expresaron su rechazo al proyecto de ley, indicaron que va –según sus criterios– contra la Constitución y el régimen autonómico.
“Me sorprende el proyecto de ley de la diputada (Choque) porque solo se concentra en los concejales y asambleístas departamentales, argumenta las malas relaciones que hay entre los titulares y suplentes, lo que creo que no es válido. Al parecer, la diputada no ha revisado la Constitución Política del Estado, es decir, que su proyecto es inconstitucional”, manifestó a Página Siete Lola Terrazas, concejala electa de C-A en el municipio de Santa Cruz.
A su turno, el concejal suplente del mismo frente, Federico Morón, agregó que este proyecto de ley intenta cambiar las reglas del juego sin consultar a los directos involucrados, es decir, a los gobiernos autónomos municipales y departamentales.
“Una vez más el Gobierno intenta pasar por encima de las autonomías departamentales. Si bien no existe normativa clara sobre la suplencia en el legislativo (municipal), es algo que se tiene que resolver en cada municipio”, manifestó Morón a este rotativo.
Edmée Castillo Rojas, concejal electa del municipio de Oruro por Sol, indicó a este impreso que esa propuesta responde únicamente a “intereses políticos partidarios”, y no así a un tema de gestión municipal. Agregó que no beneficia en nada al trabajo de las autoridades electas.
“Creo que este proyecto de ley quiere legalizar los convenios internos que el MAS tiene con diferentes sectores al momento de elaborar listas para las elecciones. Quiero decir, que debido a los compromisos sociales con uno u otro sector deben crear espacios de poder para satisfacer esos compromisos”, afirmó Castillo.
Antonio Pino, concejal electo del municipio de Sucre por la alianza República 2025, expresó que está en desacuerdo con el proyecto, y recordó que la función de los concejales electos ya está normada.
“Me parece un despropósito, porque además el sistema político en Bolivia reconoce cierta autonomía de mandato a los partidos y son éstos los que deben velar por este tipo de temas (…). Obligar a una alternancia no es otra cosa que generar conflictos entre fórmulas partidarias”, afirmó Pino a este medio de comunicación.
Jorge Dulon, concejal electo de Somos Pueblo en el municipio de La Paz, aseguró que además de ser inconstitucional, si se consolida el proyecto, “truncaría la gestión municipal de los concejales en sus propuestas y fiscalización”.
Desde Trinidad, el concejal electo por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) Mezoth Shriqui sostuvo que el planteamiento está “hecho a la ligera” para satisfacer las demandas internas del oficialismo.
“Ellos (MAS) normalmente hacen (sus proyectos) al calor de la coyuntura (…). Este planteamiento debe ser por problemas internos. El partido oficialista normalmente trabaja al calor de la coyuntura, no contemplando las normas estipuladas y la Constitución. Un titular tiene su gestión por cinco años y deben cumplir sus metas”, afirmó Shriqui.
En contraste, el alcalde electo de Trinidad, Cristhian Cámara, expresó: “Estoy de acuerdo con esa propuesta”, dijo y agregó que antes de las elecciones todos los candidatos de su frente, el MTS, entre titulares y suplentes, hicieron un acuerdo de palabra para que haya una alternancia.