Los políticos que son enjuiciados por diferentes acciones son Jorge Quiroga, Rubén Costas, Juan del Granado, Ernesto Suárez, Samuel Doria Medina, Luis Revilla, Manfred Reyes Villa (que se encuentra fuera del país) y Carlos Mesa. Asimismo, están Félix Patzi, Soledad Chapetón, José María Leyes y Eduardo Mérida.

Para la oposición, los procesos tienen un trasfondo político: “neutralizar” a los jefes opositores; en tanto que para el oficialismo lo único que se busca es que estas personas rindan cuentas por la comisión de hechos específicos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Según el relevamiento de datos, se instauraron dos procesos contra el expresidente Quiroga; 17 contra Costas; 10 contra Del Granado; 23 contra Suárez; nueve contra Reyes Villa, y uno contra Carlos Mesa, es decir, un total de 62. También se sabe que Revilla enfrentaría 40 demandas; Chapetón, cuatro; Leyes, 30; Patzi, cinco, y Mérida, 17. Estas cifras podrían variar en alguna medida, pero lo relevante es que todos los mencionados tienen juicios activados por el Gobierno.

Asimismo, no perdamos de vista la proposición acusatoria planteada por el Estado, a través de la Procuraduría, ante la Fiscalía General en contra de Mesa y tres exministros por el caso Quiborax, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y conducta antieconómica.

Mesa, según las encuestas, es un consistente candidato a la presidencia y directo competidor de Morales, a pesar de que el vocero de la demanda marítima aseguró que no sería postulante a la silla presidencial.

Sobre Doria Medina pesan los cargos en el caso Focas, referido al traspaso de recursos a la Fundación para el Desarrollo en 1997.

En Sucre se ventila el juicio de responsabilidades contra Tuto Quiroga por los denominados petrocontratos, que fue solicitado por Morales en 2005, cuando éste era diputado, pero recién se lo autorizó en 2011. Asimismo, para Quiroga concluyó un juicio, en el que recibió una condena de dos años y ocho meses de cárcel en 2012, por el caso Catler-Uniservice; a la fecha, el proceso está en etapa de apelación.

Asimismo, sobre el gobernador cruceño Costas, se emitió sentencia por el referendo autonómico de 2008, sin embargo, un Tribunal lo absolvió de cargos, pero la decisión fue apelada. También tiene un proceso por una compra de camionetas.

En tanto, la alcaldesa de El Alto, Chapetón, afronta el proceso por un terreno que fue pasado e un privado hace 27 años.

“PRESIONAN PARA EVITAR LA UNIÓN”

El analista político y otrora diputado de Conciencia de Patria, Ricardo Paz, señaló que el oficialismo presiona a los opositores para evitar que se unan y al contrario, se atomicen. Para el analista, el oficialismo sabe “perfectamente” que Morales es el único capaz de unificar las organizaciones sociales que forman parte del MAS.

“La mayoría de nosotros, igual que cientos de conciudadanos, estamos sometidos a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan para evitar la conformación de alternativas democráticas”, expresaron en abril de 2017 a través de un comunicado.